Los graduados sociales alertan de la situación límite que vive a su colectivo profesional y los equipos de sus despachos profesionales por la constante sobrecarga e improvisación normativa de la administración central y autonómica. La denuncia, que no es la primera vez que exponen públicamente, se ha agravado por|para el constante e insistente uso de las notificaciones electrónicas por parte de la administración central y autonómica fuera del horario de la jornada laboral.
La decana del Colegio de Graduados Sociales de Barcelona, Montserrat Cerqueda, expone que las notificaciones llegan -a los móviles o a los correos electrónicos- de los profesionales y los miembros de sus equipos fuera de la jornada laboral e incluso por la noche y durante los fines de semana. Ante esta situación, el colectivo reivindica públicamente su derecho a la desconexión digital. "Que seamos trabajadores acogidos al régimen de autónomos no nos tiene que dejar fuera del derecho a la aplicación de la ley de Protección de Datos Personales y garantizaba de los Derechos Digitales", remarca la decana.
Es por eso que solicitan que las notificaciones electrónicas se limiten, exclusivamente, al horario laboral. "Los graduados y las graduadas sociales hemos superado el límite de trabajo para cumplir con las normas, además de sufrir un gran desgaste emocional. El actual modelo impuesto por las administraciones tiene un impacto directo sobre la salud y el rendimiento de los profesionales", ha insistido.
Cerqueda defiende que no tiene sentido que por|para un problema de funcionamiento interno de las administraciones, afectadas por la falta de personal y por una transición digital que todavía está en proceso de implementación, tengan cuellos de botella en la ejecución de algunos trámites y que, por lo tanto, muchos de ellos los programen informáticamente para que se envíen cuando el sistema está menos colapsado. Esta es, por ejemplo, una circunstancia que se produce en el proceso administrativo para dar de alta a los trabajadores. "La ley, explica, prevé que cada alta laboral sea supervisada por la administración y que en consecuencia emita el correspondiente certificado de admisión y estas nos llegan muchas veces en horas intempestivas". Una situación que se ha agravado de la pandemia acá.
El colegio exige reformas normativas que establezcan plazos más racionales y compatibles con la vida personal y familiar de los profesionales del derecho del trabajo y de la seguridad social.
La administración no cruza los datos de sus organismos
También relacionado con la transformación digital y dada la falta de una estructura informática interconectada entre varios organismos públicos del ámbito sociolaboral, las administraciones se basan en los despachos de los graduados sociales para la obtención de datos personales y mercantiles de sus clientes. "Los graduados sociales hemos desarrollado una plataforma de gestión de los trámites societarios de todos nuestros clientes que no está a disposición de las administraciones, pero recurren|recorren a nosotros por vía de la solicitud administrativa para conocer el estado societario de un autónomo o los datos mercantiles de su sociedad", manifiesta y denuncia que "eso sucede porque los organismos dependiendo de la administración no tienen sistemas adecuados para cruzar sus datos".
Elevan la queja al Congreso
La queja por la falta de desconexión digital y el exceso de normativa se suma a la problemática que tienen los despachos para tramitar las bajas laborales ajustándose a la norma que estableció que la empresa tiene que comunicar a la Seguridad Social la baja con carácter inmediato o en 3 días hábiles como máximo. Las empresas, a menudo, no son tan ágiles en el cumplimiento de este sistema, manifiesta Cerqueda. "Hay empresas que nos hacen llegar una baja un viernes, por lo cual, tenemos que trabajar sábados y domingos para evitar que nos pase por alto el plazo de los tres días naturales", dice.
Por eso, los graduados han pedido reiteradamente a la dirección general de la Tesorería de la Seguridad Social y al secretario de Estado de Trabajo que se reforme la normativa para establecer el plazo permitido en 3 días hábiles o 6 días naturales. Esta demanda la elevaron ya a finales de 2023 al defensor del pueblo y, actualmente, a través del Consejo General de Graduados Sociales de España está en conversaciones con los diversos grupos parlamentarios para tramitar el cambio por medio de una proposición de ley en el Congreso de los Diputados.