El Govern ha presentado este miércoles, a cuatro días de las elecciones, el contencioso-administrativo a la Audiencia Nacional contra el ministerio de Vivienda por haber impuesto el índice de referencia para regular los alquileres a las comunidades autónomas, invadiendo las competencias de la Generalitat. El Govern, único en aplicar la contención de rentas aprobada por el gobierno español, pide que se apliquen a la vez ambos índices, tanto el catalán como el español, para que realmente bajen los precios y tal y como habían hablado ambas administraciones en las últimas reuniones sobre el tope a los alquileres. 

El gobierno español aprobó el índice de referencia para topar los alquileres el pasado 15 de marzo, imponiendo un único criterio a todas las comunidades autónomas que quisieran regular los precios. Desde el Departament de Territori, mostraron desde un inicio su indignación porque en las conversaciones con el Ministerio habían pactado negociar este índice. La decisión unilateral del ejecutivo liderado por Pedro Sánchez, según Territori, incumple su propia ley, ya que la disposición adicional segunda del real decreto ley 7/2019, que recoge que "en sus respectivos ámbitos territoriales, las comunidades autónomas podrán definir de manera específica y adaptada a su territorio, su propio índice de referencia, para el ejercicio de sus competencias y a los efectos de diseñar sus propias políticas y programas públicos de vivienda". 

Tampoco se cumple, según Territori, la Ley 12/2023, conocida como Ley de Vivienda, en que una disposición adicional habla del "refuerzo de la coordinación en la información sobre contratos de arrendamiento". E incluso hace referencia a que se abra una colaboración con aquellas comunidades autónomas "que hayan desarrollado sistemas de referencia del precio del alquiler en sus respectivos ámbitos territoriales para asegurar la colaboración entre sistemas".

Las quejas quedaron reflejadas en una carta enviada por la consellera el pasado 7 de marzo pidiendo los cambios y, ante la falta de respuesta, el Govern ha decidido presentar un requerimiento previo a la denuncia formal ante la Audiencia Nacional.

"Deslealtad institucional"

En rueda de prensa, la consellera de Territori Esther Capella ha lamentado que "la respuesta del ministerio sigue siendo el silencio" ante las peticiones del Govern. "El estado cumple sus propias leyes", ha añadido, apuntando "no solo a la vulneración de competencias", sinó que también, "de aquello que quiere hacer bandera, ni siquiera cumple su propia ley". En una reunión de enero de 2024, según Capella, se pactó este índice compartido y no cumplirlo es también "una muestra de deslealtad institucional", ha añadido. "Nos obligan a acudir a los tribunales", ha sentenciado Capella, "defendiendo los derechos de los catalanes y las competencias propias". 

Como respuesta al requerimieto del Govern, el gobierno respondió por carta que "lo que les preocupa es el alquiler turístico", ha contado Capella. "Van tarde", ha dicho la consellera, que ha recordado que el Govern también ha regulado ya los alquileres turísticos en los municipios con alta demanda. 

El departament de Territori elaboró un estudio comparando la aplicación del índice catalán y español en 23.000 casos y propone una aplicación mixta que saque lo mejor de los dos. El índice de referencia se aplica a los nuevos contratos de alquiler de grandes tenedores y a aquellos pequeños tenedores que firmen un contrato de alquiler que sea el primero en los últimos cinco años (o desde siempre) de la vivienda en cuestión. 

El Govern propone que si el índice catalán, que es un precio fijo y no una horquilla como el español, está por encima del máximo español se aplique el índice español en la parte alta de la horquilla. SI el precio del índice catalán está por debajo de la horquilla del Ministerio, se aplicaría el precio mínimo de la horquilla española. Y si el precio catalán queda en medio de la horquilla, puede ser utilizado como el precio de referencia. 

Territori entiende que algunos de los criterios españoles para poner un precio más alto o más bajo, como el estado de conservación, son difícilmente objetivables y otros difíciles de comprobar si no hay una investigación detrás. Y además, el criterio catalán daría respuesta a algunas lagunas como los pisos de menos de 30 metros cuadrados o de más de 150 metros cuadrados, excluidos actualmente de la regulación. 

Diferencias entre los dos índices de referencia

Fuentes del departament de Territori han explicado este miércoles en un encuentro con medios de comunicación las principales diferencias de ambas metodologías. En primer lugar, el criterio español se basa en datos tributarios de la declaración de la Renta y el catalán en fianzas depositadas ante Incasol, por lo que "da más respuesta a la realidad actual", apuntan las mismas fuentes. 

En segundo lugar, el índice español calcula la superficie a partir del catastro, mientras que el catalán lo hace a partir de la cédula de habitabilidad, "que exige una medición exhaustiva". Y en tercer lugar, el índice español utiliza datos del ámbito censal mientras que el catalán analiza el entorno a partir de radios de circunferencia alrededor del lugar de la vivienda. 

Según el análisis de los datos realizados por Territori, el índice catalán es más bajo que el estatal en el 79% de la muestra analizada. El índice estatal medio se sitúa en 745 euros por piso, mientras que el catalán es de 683 euros. "Una combinación de los dos lo haría bajar a los 677 euros", completan fuentes del departament. 

Según el mismo estudio, las viviendas en las que bajaría el alquiler con el índice español serían el 36% del total, mientras que si se aplicará el catalán lo harían el 54% y un 57% de viviendas verían reducido su piso con un índice combinado.