La ministra de vivienda, Isabel Rodríguez, se ha reunido este jueves con representantes de la Alianza por la Vivienda Asequible y Social (Alivas), que une a los proveedores sociales de vivienda Provivienda y Eguzkilore y las 18 fundaciones que integran Cohabitac. La presidenta de esta última agrupación, Carme Trilla, ha asistido a la reunión, que debía ser en Barcelona pero se ha hecho de forma telemática por las ráfagas de viento.
El ministerio ha recibido con buenos ojos la propuesta de ley para regular y "consolidar" el papel de estos actores en el impulso que el gobierno español ha de dar a la vivienda social y asequible en los próximos años.
"Los proveedores sociales son una figura que se tiene que consolidar para dar respuesta al problema de vivienda", ha dicho la ministra, que ha resaltado que hace falta "un parque público de vivienda asequible que dé respuesta a las personas más allá del mercado". "Son proveedores que no se limitan a promover, construir y gestionar, sino que también hacen atención social cuando las familias lo necesitan", ha destacado.
Los proveedores, que actualmente gestionan 10.000 viviendas sociales y asequibles y están construyendo 5.000 más, esperan aumentar su peso en la construcción y gestión de la vivienda social y asequible y acercarse al 30% que gestionan algunos países europeos.
"Hemos contemplado su papel en el futuro de la vivienda asequible y social", ha dicho Rodríguez, quien no obstante valorará "la propuesta reguladora para que sean una figura clave". El recientemente presentado plan estratégico de vivienda del Ministerio de Vivienda prevé inversiones de 7.000 millones de euros hasta 2030, de los cuales un 40% (2.800 millones) irán destinados a la vivienda protegida.
Actualmente, un 3,4% de las viviendas en España son protegidas, unas 600.000 viviendas después de que se hayan construido más de 162.000 en los últimos cinco años. Todavía está a la cola europea, que recomienda un parque de entre el 15 y el 20% de vivienda social para compensar los desequilibrios del mercado y dar respuesta a población con dificultades para afrontar las subidas de precio ante el crecimiento desmesurado de la demanda y el estancamiento de la oferta.
El gobierno español prometió en 2023 construir 183.000 viviendas hasta 2024, pero el ejecutivo es incapaz de concretar cuántas ya ha entregado, dos años después. Lo que tiene asignado son las 25.000 firmadas y 78.000 más que se ha adjudicado con diferentes movimientos como la absorción total del estado de la Sareb, el fondo público creado tras la crisis para gestionar los activos tóxicos de los bancos rescatados que ha pasado a incorporarse en la nueva empresa estatal Casa 47.
Está lejos, por tanto, de seguir el ritmo de llegar a un 6% de la vivienda, objetivo marcado por Europa, que sea de gestión pública de cara a 2030, que sería llegar a 1,6 millones. En Cataluña, el presidente Salvador Illa se ha comprometido a que se hagan 50.000 viviendas públicas hasta 2030, algunas de acuerdo con la agenda estatal y otras por separado.