El Gobierno ha aprobado este martes en Consejo de Ministros una prestación universal de 200 euros al mes por cada hijo menor de 18 años, que da como resultado 2.400 euros al año por cada uno. Se estima que tendrá un coste de unos 19.000 millones de euros al año. Se trata de un anteproyecto que se quiere incluir en los presupuestos generales o bien en el plan de desarrollo sostenible 

Se trata de una ayuda que pedía desde hacía tiempo Sumar, socio del gobierno de coalición, y que tiene como objetivo combatir la pobreza infantil. 

La medida la ha anunciado el ministro de Consumo y Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, que ha dejado claro que estará al alcance de todas las familias, independientemente de su nivel de renta, y que ayudará a "incrementar la renta de los hogares con menos ingresos". La aprobación definitiva depende del apoyo en el Congreso de los Diputados.

Los únicos requisitos mínimos para acceder a esta ayuda son la residencia legal en España y el empadronamiento para todas las familias con menores de 18 años. Se pedirá el libro de familia, el certificado de empadronamiento y el DNI de los padres o tutores legales. 

La ayuda debe ser compatible con otras como el ingreso mínimo vital o subvenciones de la Seguridad Social. 

Todavía no se sabe cuándo entrará en vigor, porque el ministerio confiaba en incluirlo en los presupuestos y parece difícil que se llegue a un pacto con los grupos parlamentarios para aprobarlos. 

Según los cálculos de Consumo, esta prestación ayudará a reducir la pobreza infantil en un 50% y ayudará a reducir su intensidad en un 40% en el 50% restante. 

El gobierno español ha hecho servir un estudio de Unicef que calcula que esta ayuda podría reducir la pobreza infantil en 7,1 puntos porcentuales. Así, más de 530.000 niños saldrían de la pobreza. Se trata de un estudio que fue presentado el pasado mes de noviembre y que, con el mismo cálculo, estimaba que 270.000 niños saldrían de la pobreza con una ayuda de la mitad de lo aprobado, 100 euros al mes. El gobierno español ha optado por la ayuda más elevada. A comunidades como Andalucía, Extremadura o Melilla la medida tendría un impacto más elevado, pues hay unos niveles de pobreza más elevados.  

Actualmente, existe una prestación por hijo a cargo que llega a los 588 euros por hijo o hija anual, pero es solo para quienes tengan algún tipo de discapacidad y tiene unos requisitos económicos. Además, hay un complemento a la infancia vinculado al ingreso mínimo vital para las familias más vulnerables.

Bustinduy también ha anunciado la aprobación de un decreto ley que impide fuertes subidas de precios de productos coincidiendo con emergencias para que las empresas no se aprovechen de un contexto de vulnerabilidad. 

Por otra parte, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado una medida para que la gestión pública de la sanidad sea preferente por delante de las concesiones público-privadas y que se vean siempre sometidas a una evaluación antes de optar por esta vía.