El Gobierno de España ha anunciado este martes tras el Consejo de Ministros un ambicioso anteproyecto de ley sobre consumo sostenible. El objetivo es facilitar a los consumidores que la vida de los productos sea más larga y protegerlos de publicidades engañosas o sobrecostes. El ejecutivo creará una plataforma digital que permitirá acceder a reparadores de diferentes productos y que pondrá en contacto a personas con productos averiados y vendedores con productos reacondicionados. Se crea, además, "el derecho a reparar" los productos electrónicos. Los fabricantes deberán costear hasta un 20% de la reparación y deberán publicitar el coste de las reparaciones.
"Los repuestos para un producto deberán estar disponibles hasta 10 años después de que dejen de producirse", ha anunciado el Ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, que ha detallado las medidas. Una vez reparados, los productos tendrán 12 meses de garantía adicional. Los productos deberán tener un etiquetado con una garantía de dos años de reparabilidad y también se protegerá a los consumidores de la "obsolescencia programada". Se prohibirán las publicidades que "induzcan a cambiar de productos antes de que sea necesario" y también las actualizaciones de software sin necesidad, que saturan a veces aparatos más antiguos o aplicaciones.
El ejecutivo obligará también a los comercios a informar en los etiquetados en los casos que aplique la reduflación, esto es, cuando ofrezca menos cantidad del mismo producto al mismo precio.
Tampoco permitirá la reventa de entradas a un precio superior al original más la inflación.
Combatir el ecopostureo o 'greenwashing' será el otro gran objetivo de esta ley, que prohíbe publicidades engañosas que no estén sustentadas por cifras y estadísticas reales y también prohíbe las publicidades relacionadas con la compensación de emisiones. Además, no el Gobierno no permitirá anuncios de vuelos cortos, de combustibles fósiles o de los coches más contaminantes.
Por último, el ejecutivo pondrá coto a la "publicidad del miedo", que "explotan" aquellas empresas para llevar a "contratar bienes y servicios que no se necesitan". En este sentido, obligará a acompañar las afirmaciones de estadísticas reales.