El Ministerio de Economía ultima la aprobación y posterior entrada en vigor de la norma que ha de poner límites a los intereses abusivos que algunas empresas financieras aplican para la concesión de los llamados créditos rápidos. Entendidos como microcréditos, se trata de préstamos de cantidades no muy elevadas que se conceden con inmediatez y facilidad, a menudo sin exigir ninguna garantía, pero el plazo de devolución suele ser corto y los intereses muy altos. Generalmente, el periodo máximo de retorno no supera los 30 días y la TAE supera el 3.000%.

El Gobierno español se apresura para tenerlo listo para su aprobación este mes de enero, en el marco de la transposición de la directiva de la Unión Europea (UE) sobre crédito al consumo. El objetivo es, según ha expresado este jueves el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en una entrevista en la cadena SER, proteger a los consumidores "en tres dimensiones". La primera será la transparencia, obligando a que, cuando se promocionen créditos rápidos, microcréditos o tarjetas 'revolving', la publicidad no ponga el foco solo en la rapidez de acceso al dinero, sino que incluya el resto de **condiciones para evitar engaños por la inmediatez**. Además, se exigirá que entre una oferta vinculante y su aceptación transcurran un mínimo de 24 horas, para frenar decisiones impulsivas sobre productos financieros complejos. "Y después, otro elemento esencial es, efectivamente, ser capaces de poner un tope, unos límites a los costes de este tipo de productos", ha concluido.

Los datos de informes elaborados por entidades como la European Microfinance Network (EMN) insisten en el hecho de que España es el país europeo con un mayor volumen en la concesión de microcréditos, ya sea a particulares o a empresas. Concretamente, en 2022, España prestó más de 2.136 millones de euros: los microcréditos personales alcanzaron los 1.500 millones y los dirigidos a empresas superaron los 635 millones. La Unión Europea aprobó la Directiva 2023/2225/CE relativa a los contratos de crédito al consumo, en 2023, y debe aplicarse en España en noviembre de 2026 como máximo.

Esta proliferación de concesiones va acompañada de un amplio abanico de operadores que, tanto España como Europa en general, está detectando que la digitalización lo potencia, con la aparición de nuevos operadores y la proliferación de productos y canales de distribución que actualmente operan al margen de la supervisión y la regulación. Por lo tanto, la norma también incidirá en el control de las entidades oferentes. Un estudio del Centro de Estudios de Consumo (CESCO), institución de referencia en derecho de consumo adscrita a la Universidad de Castilla-La Mancha, evidenciaba a finales de 2024 pone de ejemplo cómo para un préstamo de 100 euros a devolver en 30 días, con un coste medio de 33,86 euros, el tipo real es del 33,86%, pero la TAE subiría a un 3.862%, lo que muestra cómo una medida anualizada puede generar una percepción equivocada para quien recibe el micropréstamo.

Acabar con la vía rápida

Dado que estos préstamos, en términos generales, tienen altos intereses y se conceden casi de manera automática, incluso en línea o telefónicamente, sin un análisis de riesgos o de solvencia, la norma que prepara el ministerio de Economía terminará un mínimo de 24 horas entre una oferta vinculante y la aceptación por parte del demandante. También se quiere obligar a que la publicidad de un producto de crédito rápido, microcrédito o tarjetas revolving no incida solo en la rapidez de acceso al dinero, sino que se informe del resto de condiciones. 

En Cataluña, la Agencia Catalana de Consumo también ha decidido plantar cara a una de las amenazas más silenciosas para las economías familiares más vulnerables: la expansión sin control de los llamados créditos rápidos. El organismo de la Generalitat ha anunciado una campaña integral de control y prevención dirigida a un sector que, bajo la promesa de una solución inmediata, acaba atrapando a los consumidores en una espiral de deuda con tipos de interés que supera el 170% anual. Así, la ACC revisa la publicidad, las ofertas y los contratos de 22 empresas que ofrecen estos productos de financiación (9 con establecimientos presenciales y 13 por internet) para detectar posibles prácticas comerciales desleales que puedan resultar "engañosas o abusivas" para los consumidores. 

La Agència Catalana del Consum (ACC) puso de manifiesto que los perfiles que piden este dinero son personas que suelen encontrarse en listas de morosidad y que las cantidades solicitadas oscilan entre los 200 euros y los 2.000. Aunque también hay usuarios para los que este es su último recurso y familias necesitadas que tienen imprevistos.