En la primera quincena de abril, después de Semana Santa, se pondrá en marcha la jornada laboral de 35 horas en la Administración General del Estado (AGE), según ha confirmado este viernes el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López.
El ministro ha recordado que hay comunidades autónomas en las que ya se está aplicando la jornada de 35 horas entre el funcionariado, lo que se hará extensible a toda la AGE este abril.
Esta medida cuenta con el apoyo de las principales organizaciones sindicales. Precisamente, la Secretaría de Función Pública se reúne este viernes con la Mesa de Negociación de la AGE para suscribir el acuerdo, que desde UGT y CC. OO. ya han avanzado que avalarán, mientras que CSIF ha indicado que darán su visto bueno si el Gobierno cumple con el compromiso de implantar la jornada de 35 horas en todo el personal de la AGE.
En concreto, los apoyos sindicales estaban pendientes de la aplicación de las 35 horas a las jornadas especiales y de la inclusión de colectivos como instituciones penitenciarias y de los docentes y sanitarios de Ceuta y Melilla.
La medida se aplicará a aproximadamente a 220.000 empleados públicos de la Administración General del Estado. Esto no incluye a todos los empleados públicos, que superan los 3 millones, sino solo a los de la AGE (ministerios y organismos estatales).
Pasarán de las 37,5 horas semanales actuales a 35 horas. Así, su jornada anual quedará fijada en 1.533 horas efectivas, lo que equivale a una reducción de 2,5 horas semanales.
En principio, se aplicará a todo el personal de la AGE, incluidos colectivos que inicialmente estaban fuera. Pero algunos grupos requieren adaptaciones específicas, como los anteriormente mencionados instituciones penitenciarias y personal sanitario y educativo en Ceuta y Melilla. Otros colectivos, como el de las Fuerzas Armadas o de los cuerpos de seguridad, suelen quedar fuera de este tipo de regulación general.
Según el Ministerio de la Función Pública, el objetivo de la medida es equiparar condiciones laborales con comunidades autónomas y ayuntamientos, donde las 35 horas ya son comunes. Incluye mejoras para la conciliación (por ejemplo, nuevas figuras de cuidado familiar). El Gobierno prevé efectuar ajustes en plantillas y organización del trabajo, así como cambios en la oferta de empleo público para sostener servicios.
En un comunicado, Función Pública recalca que la implantación de la reducción de jornada se hará garantizando en todo momento la adecuada prestación de los servicios públicos, la atención a la ciudadanía y la continuidad de las funciones públicas. En este sentido, indica que se llevarán a cabo todas las actuaciones necesarias de planificación, organización y dimensionamiento de las plantillas que permitan compatibilizar la implantación de las 35 horas con el mantenimiento y mejora de la calidad de los servicios públicos.
El Gobierno no ha facilitado aún cifras de impacto económico ni un presupuesto asociado con la medida. Los funcionarios seguirán cobrando lo mismo aunque verán reducida su jornada laboral.