La crisis de la vivienda en Barcelona ha encontrado un nuevo eje de confrontación política. Este jueves, las dos principales organizaciones empresariales del sector de la construcción en Catalunya, Foment del Treball y la Asociación de Promotores de Catalunya (APCE), han expresado su profunda preocupación y malestar por lo que han calificado de "bloqueo político insuperable" y una "falta de entendimiento crónica" entre los grupos municipales del Ayuntamiento de Barcelona. El núcleo de la controversia es la reforma de la reserva del 30% de superficie para viviendas de protección oficial en nuevos desarrollos, una norma que, según las patronales, se ha convertido en un obstáculo insalvable para la reactivación del parque inmobiliario de la ciudad.
En una intervención conjunta llena de críticas contundentes, los dirigentes de ambas entidades han expuesto sin rodeos su visión: la imposibilidad de llegar a un acuerdo sobre esta cuestión no solo perpetúa el statu quo, sino que "empeorará de manera dramática" la ya precaria situación del acceso a la vivienda para miles de barceloneses. El presidente de la APCE, Xavier Vilajoana, ha hecho un llamamiento a la racionalidad y al consenso, exigiendo a los partidos que "dejen de lado las luchas intestinas y se concentren en diseñar políticas de vivienda realmente efectivas, que vayan más allá del ideario y se planteen las necesidades reales de la ciudadanía".
La regla del 30%, nacida con el objetivo de asegurar un parque de vivienda asequible en una ciudad con alquileres y precios de venta por las nubes, es vista por el sector promotor como una carga insostenible que desincentiva la inversión y paraliza proyectos vitales. Desde su gabinete, Vilajoana ha argumentado que "la modificación de esta norma no es una opción, sino una condición imprescindible y urgente para que se pueda construir un parque de vivienda suficiente, diverso y que se adapte de verdad a las necesidades heterogéneas de todos los barceloneses y barcelonesas". Su postura defiende que la rigidez de la norma actual impide la creación de un mercado vibrante que pueda responder a la demanda existente.
Por su parte, el presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha elevado el tono de las críticas, lanzando una acusación de gran importancia. En una valoración que mezcla el análisis económico con el juicio político, Sánchez Llibre ha afirmado que el alcalde Jaume Collboni se encuentra "completamente rehén del colauísmo y del tripartito del decrecimiento", una referencia directa a la compleja geografía de alianzas que sustenta el gobierno municipal. Esta afirmación refleja la percepción del sector empresarial de una administración atada de manos por dinámicas internas que impiden tomar decisiones valientes para la reactivación económica.
Sánchez Llibre ha censurado duramente la inacción de los últimos meses, señalando que los grupos municipales han demostrado una "incapacidad absoluta" para cerrar un acuerdo en una materia que considera fundamental para el futuro de Barcelona. "No se trata solo de construir nuevos edificios; se trata de rehabilitar, de modernizar y de crear ciudad en el sentido más amplio. La consecuencia de esta parálisis es clara y trágica: se está expulsando activamente a parte de la ciudadanía de Barcelona. La gente joven, los trabajadores con sueldo medio y las familias que buscan un lugar donde vivir son las primeras víctimas de esta falta de visión", ha denunciado con contundencia.
Sin embargo, la posición de las patronales no es la única en juego. Desde sectores sociales y políticos cercanos a la izquierda, se defiende que la regla del 30% es una herramienta esencial para evitar la gentrificación y garantizar que la riqueza generada por la nueva construcción se revierta en bien social. Critican que la flexibilización de la norma supondría un regalo a los grandes intereses financieros e inmobiliarios en detrimento del derecho fundamental a la vivienda. Mientras el debate se intensifica, el comunicado conjunto de Foment y la APCE ha reiterado con firmeza que el actual marco normativo "ha paralizado de facto la construcción de vivienda nueva en Barcelona", asfixiando la oferta en un momento de demanda creciente.