El Govern ha aprobado un proyecto de ley de la ocupación pública de Catalunya, que ahora iniciará el trámite parlamentario, que afectará a cerca de 400.000 trabajadores de la Generalitat (en la imagen superior, una sesión de formación de funcionarios), de los ayuntamientos catalanes y de las siete universidades públicas. Este proyecto de ley prevé facilitar la movilidad de los profesionales entre las diversas administraciones públicas catalanas y la captación de nuevo talento, pero también el establecimiento de evaluaciones anuales y de complementos de productividad por el cumplimiento de objetivos entre muchas otras medidas.

En una sesión de trabajo con periodistas, la secretaria de Administración y Función Pública, Alicia Corral, y la directora general de Función Pública, Anna Molina, subrayaron que el objetivo de la futura ley es ofrecer un “marco jurídico estable” para afrontar retos como la captación y retención de nuevo talento, el relevo generacional ante el envejecimiento de las actuales plantillas o la movilidad entre administraciones.

Entre otras medidas, el proyecto de ley prevé desde el desarrollo, por primera vez, del “Estatuto Básico del empleado público” a la creación de un portal único que recoja todas las ofertas de empleo de las diversas administraciones. Como novedad destaca un sistema de evaluación del personal, un examen anual, si bien todavía está por definir y no ha establecido qué pasa con los empleados que no lo superen. También abre la puerta a los complementos salariales de productividad en función del cumplimiento de los objetivos establecidos.

Alicia Corral apuntó que la actual legislación catalana de empleo público es antigua, con disposiciones de hace más de 25 años y que “no podemos continuar poniendo ‘parches’ a las normas del pasado”. Y Anna Molina precisó que será una ley “técnica” que respeta la autonomía de las diversas administraciones. Confían en que el proyecto de ley tenga el apoyo de los grupos políticos, ahora que inicia el trámite parlamentario, para que se apruebe este mismo año.

En la documentación que han difundido de este proyecto de ley, destacan estas 12 líneas de actuación:

1. Establecer un marco legal de la ocupación común a todas las administraciones públicas catalanas. Se aplicará a la totalidad de los empleados públicos de estas administraciones (Generalitat, ayuntamientos y universidades). Se prevé desarrollar lo que denominan “Estatuto Básico” del empleado público.

2. Nuevo sistema de selección y provisión de plazas. El objetivo es profesionalizar y agilizar los procesos de selección y captar nuevos perfiles profesionales. La Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC) tendrá un papel clave. Será posible convocar procesos de manera unitaria para las diversas administraciones.

3. Mejorar los instrumentos de colaboración entre las administraciones públicas catalanas. Creación del Consejo del Empleo Público Catalán (que surge de la transformación del actual Consejo Catalán de la Función Pública), para incluir a todos los trabajadores públicos, y un órgano de expertos de apoyo. También prevé constituir dos mesas: una para negociar las condiciones de trabajo comunes a todas las administraciones catalanas y, otra, sobre el personal de las universidades públicas.

4. Carrera profesional. Promulgar una regulación conjunta para valorar la trayectoria de los trabajadores. Se estructurará en cuatro tramos de desarrollo (denominados inicial, consolidado, experto y referente) y dará derecho a la percepción de un complemento retributivo.

5. Crear un modelo que facilite la movilidad del personal entre las diferentes administraciones públicas. Se basará en el concepto de “empleado público catalán” y un sistema de acreditación que otorgará la EAPC. Será de carácter voluntario, mediante un convenio, para los entes locales y las universidades.

6. Evaluación anual. Determinar un modelo para evaluar el desempeño de la actuación y el logro de los resultados. Esta evaluación será con carácter anual. Con ello se busca mejorar la calidad de los servicios públicos.

7. Áreas de especialidad. Definir áreas de especialidad para agrupar los puestos de trabajo en función de los conocimientos, competencias y funciones.

8. Ordenar los puestos de trabajo para una mejor planificación. Se prevén medidas como fomentar los puestos de trabajo interadministrativos (en más de una administración a la vez, con la posibilidad de hacerlo a tiempo parcial), la creación de comisiones de servicio, la adscripción a proyectos de manera temporal, el traslado de personal por necesidades urgentes o la reasignación de funciones.

9. Introducir la planificación estratégica de los recursos humanos. Todas las administraciones deberán planificar, incluidas las universidades. La oferta de empleo público se ve como un instrumento de planificación de personal. También se elaborarán planes de relevo generacional (con medidas como la reducción de jornada bonificada).

10. Definir el modelo de acceso de las personas con discapacidad. Se prevén dos sistemas: el ordinario (para toda clase de discapacidades) y el específico (exclusivo para discapacidades intelectuales). Las pruebas de este último se orientarán a una plena integración sociolaboral en las administraciones.

11. Introducir la perspectiva de género y medidas para la igualdad efectiva. Se prevé impulsar planes para la igualdad; protocolos de acoso psicológico, sexual y por razón de sexo, orientación sexual o identidad de género.

12. Establecer medidas de integridad pública y transparencia. Entre estas se encuentran la determinación de los principios éticos y reglas de conducta de los trabajadores, así como el reconocimiento a denunciar irregularidades y el derecho a ser protegidos en caso de que lo hagan. Y la creación de una plataforma única para publicar todas las ofertas de trabajo disponibles en las administraciones públicas catalanas.