La Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio acusa al gobierno español "de inacción" ante la crisis energética por el precio del petróleo. La patronal acusa al Estado español de estar obteniendo una recaudación extra por el IVA de 7 céntimos por litro en el combustible.
Las estaciones de servicio advierten que la subida de precios está "destruyendo la demanda" y pone en riesgo la viabilidad de las gasolineras. "Es inaceptable que la Administración haga caja a costa del sacrificio de los ciudadanos y la viabilidad de nuestras empresas", aseguran en un comunicado.
En este sentido, dicen que si el mes de marzo terminara sin más subidas de precio, las arcas públicas tendrían una recaudación extraordinaria de 180 millones de euros "solo por el mayor ingreso del IVA de los combustibles".
Absorber el margen para no repercutir el aumento
Sobre esto, la confederación niega rotundamente que las estaciones de servicio se estén "beneficiando" de la situación. Por el contrario, dicen que los márgenes de beneficio se han reducido. "Las estaciones están absorbiendo parte de las subidas de los costes de aprovisionamiento para no perder clientes, trabajando en muchos casos al límite de la rentabilidad", añaden.
Además, afirman que el coste de llenar un camión cisterna se ha disparado y que esto obliga a los empresarios a buscar financiación extra para mantener su stock operativo y la actividad diaria.
Con todo, dicen que la situación muestra señales claras de destrucción de la demanda. "El precio ha alcanzado un límite que está obligando a los ciudadanos a limitar sus desplazamientos", añaden. "Si no se bajan los impuestos de manera inmediata, nos enfrentamos a una parálisis económica", concluyen.
Por otro lado, la patronal valora positivamente las medidas que prepara el ejecutivo para aligerar el impacto en colectivos como los agricultores o los transportistas, pero recuerda que las pymes del sector de las estaciones de servicio también son "víctimas" de las consecuencias económicas de la guerra. Por ello, propone un IVA del 10% para los carburantes de la automoción y una reducción del Impuesto Especial de Hidrocarburos, compensada por un ingreso más elevado en concepto de IVA.