Las oficinas de extranjería no están preparadas para recibir la avalancha de expedientes que les puede suponer la regularización masiva de 500.000 inmigrantes anunciada por el gobierno español esta semana. Así lo denuncian desde Comisiones Obreras los trabajadores, que denuncian que tienen una plantilla prácticamente igual que la del año 2006 y que tienen 700 vacantes en toda España, con solo 1.800 trabajadores trabajando de las 2.500 plazas disponibles. Para afrontar la regularización masiva, todavía les harían falta 600 más. 

"Por primera vez, este año se han sumado 400 plazas, pero no todas se han cubierto con personal", explica César José Pérez, delegado de la sección sindical de la administración general del estado de Comisiones Obreras. Los bajos salarios de entrada, de 1.400 euros, "combinados con el precio de la vivienda", hacen que la tasa de vacantes sea muy elevada en ciudades como Barcelona, Girona, Palma o Madrid, donde además hay un elevado número de expedientes. Girona, con un 38% de vacantes y Barcelona, con un 26% de unos 150 trabajadores, son de las oficinas más saturadas. 

La ministra de Trabajo pidió un refuerzo del personal de extranjería en caso de que hubiera la regularización y los sindicatos lo ven urgente. "Necesitamos ver cuál es el procedimiento y si viene acompañado de medidas económicas"; dice Pérez, que tiene unos cálculos que sitúan a los migrantes que accederán a la regularización por encima de los 500.000 que estima el gobierno. Si se mira a casos anteriores como los de 2005, el trámite de regularización se pudo pedir en oficinas de seguridad social, "pero después la resolución la tenía que hacer extranjería", recuerda. 

"Tenemos muchísima carga de trabajo, los plazos medios de espera para resolver un trámite son de 40 días hábiles, que son dos meses. Hay trámites que duran hasta 9 meses y otros que se resuelven en 14 días", explica Pérez, que aclara que todavía no se ha resuelto el problema de la reventa de citas previas que además colapsa las esperas en la página web. "En ciudades como Barcelona, la solución ha sido eliminar la cita previa y obligar a la persona a ir presencialmente, pero en muchos lugares continúa pasando", explica Pérez. "Si ya no somos capaces de dar respuesta al trabajo de ahora, menos lo seremos con esta suma extra", alerta. 

El representante de los trabajadores hace el cálculo de los 600 trabajadores que faltan a partir del millón y medio de expedientes que resuelven en total las oficinas cada año. "Si sumamos 500.000, esto implica una necesidad de al menos un tercio de los trabajadores"; dice. Habría que, además, completar las vacantes de las plazas ya existentes que no se cubren porque "en otros departamentos de la administración se cobra más y hay menos volumen de trabajo". 

Aunque ahora la situación extraordinaria podría resolverse con interinos como se ha hecho en otros procesos extraordinarios, Pérez alerta que "tendremos un problema ahora y otro dentro de un año". "Todos los que pidan ahora la regularización tendrán que renovar el año que viene. Por lo tanto, necesitamos un plan de contingencia ahora para soportar el aluvión de trabajo y después un plan serio a corto plazo", completa. 

La regularización beneficiará a aquellas personas que acrediten estar en España antes del 31 de diciembre de 2025, sin antecedentes penales relevantes y que no hayan salido del país en los cinco meses previos al momento de la solicitud. También beneficiará a los demandantes de asilo o protección internacional que lo hayan pedido antes de diciembre de 2025 y a las familias con menores. 

El procedimiento, explicó la ministra Elma Saiz, se hará con un real decreto a través de una modificación del actual reglamento de extranjería. El texto debe estar aprobado a principios de abril y las solicitudes se pueden presentar hasta el 30 de junio de 2026. Desde el momento de presentar la solicitud, la administración tendrá 15 días hábiles para admitirla a trámite y la resolución no podrá ser superior a tres meses. La autorización inicial tendrá una vigencia de un año y el permiso dará derecho a trabajar en el inmediato momento en que se reciba en cualquier territorio del Estado y sector.