El impuesto del 7% a la generación eléctrica que Junts quiere derogar es una anomalía en la Unión Europea, hasta el punto de que ya es el único país que lo tiene, después de que Portugal lo derogara a finales del año pasado para ganar competitividad. Este es uno de los argumentos que el partido catalán, y también el PNV, argumentan para eliminar el impuesto, cosa que intentarán hacer aprovechando la debilidad del Gobierno de Pedro Sánchez y su necesidad de aprobar el escudo social.

España está sola en la UE con este impuesto. Portugal, que comparte el sistema eléctrico ibérico con España, lo ha eliminado para bajar la factura de la luz y para que ganen competitividad tanto sus productoras de electricidad como su industria. El precio de la energía es uno de los elementos que definen las inversiones productivas y, ahora mismo, es más barato poner una fábrica al norte de Oporto que al sur de Vigo, aunque las separen pocos kilómetros. Lo mismo pasa en Catalunya o Euskadi respecto a Francia.

Este gravamen no entra en los preceptos de la Unión, que tiene un plan para reducir la carga fiscal a la generación eléctrica, con el objetivo de fomentar la electrificación de la economía. Hace un año, la Comisión Europea presentó el programa Action Plan for Affordable Energy, que, entre otras iniciativas, desaconseja el impuesto a la generación porque castiga la electricidad frente a otras fuentes de energía y frena la electrificación.

El impuesto es considerado una posición poco ecológica, ya que la electricidad es la menos contaminante de las energías tradicionales, dado que una parte importante se produce con fuentes que no generan emisiones, como las renovables y la nuclear. Junts explica que el gobierno español tiene pendiente la transposición de una directiva comunitaria que lo eliminaría, pero lo va posponiendo.

El Gobierno de Sánchez, dividido

Estas contradicciones, como un gobierno presuntamente ecológico manteniendo un impuesto antiecológico, no han pasado desapercibidas en el Consejo de Ministros. Algunas fuentes, tanto políticas como empresariales, explican que en el Ejecutivo de Pedro Sánchez hay discrepancias: así como la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, sería partidaria de eliminarlo, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no quiere renunciar a él, mientras pueda mantenerlo, porque le aporta unos 1.100 millones de euros anuales de ingresos tributarios.

Otra contradicción es que, mientras que el PP, que lo creó, ahora lo quiere derogar, el PSOE se aferra a él. Fue Cristóbal Montoro quien, en 2012, para incrementar ingresos en plena crisis, y para reducir el déficit de tarifa, lo impulsó. No sin ciertas trampas, porque lo vendieron como un impuesto medioambiental cuando lo pagan tanto las tecnologías que contaminan, como el ciclo combinado, como las que no, como las renovables y la nuclear. No hubo progresividad, todas lo pagaban por igual, el 7%.

No obstante, no siempre se ha pagado lo mismo. En 2018 se suspendió durante unos meses y, posteriormente, se volvió a activar, pero con exenciones. Estas duraron hasta finales de 2021 y, los dos años posteriores, en 2022 y 2023, el gobierno español decidió suspender su aplicación como una de las medidas para abaratar la factura de la luz a raíz del encarecimiento provocado por la invasión rusa de Ucrania. El mismo gobierno socialista consideró, en 2024, que las familias y empresas ya podían volver a pagar este sobreprecio y ahora, a pesar de que la economía de los hogares sufre y el escudo social incluye medidas para aliviar la factura energética, tiene la intención de que continúe.

La semana próxima, el Congreso debatirá el escudo social, después de que el Consejo de Ministros troceara el decreto ómnibus y lo aprobara el martes. La intención de Junts es incluir una enmienda en el escudo social para eliminar el impuesto del 7% porque lo considera una medida social, ya que el gravamen encarece la factura de la luz de los hogares. Además, advierte que frena las inversiones en renovables, que son urgentes en Catalunya. El PNV, ERC y el PP podrían dar apoyo a la enmienda.