El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ha comunicado que dejará de aplicar la disposición transitoria 34 de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS), que establecía porcentajes de penalización específicos para las personas que accedían a la jubilación anticipada voluntaria con una base reguladora superior a la pensión máxima.
Hasta ahora, esta norma había provocado que, en algunos casos, se aplicaran penalizaciones más elevadas de las que corresponderían. Esto ha tenido un impacto directo en el importe de la pensión reconocida, con reducciones de entre 300 y 500 euros brutos mensuales para las personas afectadas.
Ante este cambio, hay diferentes colectivos que informan a sus profesionales para que lo tengan en cuenta. Es el caso de Metges de Catalunya (MC) recomienda a los facultativos que hayan solicitado la jubilación anticipada a partir del 31 de diciembre de 2025 que contacten con la asesoría jurídica del sindicato (lex@metgesdecatalunya.cat) tan pronto como dispongan de la resolución de la Seguridad Social, con el objetivo de comprobar si el importe reconocido es correcto. En caso de que se detecte alguna irregularidad, se podrá presentar la reclamación correspondiente para pedir la aplicación del porcentaje de penalización más favorable.
¿Dónde surge el conflicto?
El conflicto normativo surge a raíz de la interpretación de la Ley 21/2021, de 28 de diciembre, de garantía del poder adquisitivo de las pensiones. En este sentido, los contribuyentes que presentaban bases de cotización superiores a la pensión máxima sufrían una doble penalización al solicitar la retirada de forma prematura. El fisco y la Seguridad Social aplicaban los coeficientes reductores sobre el límite máximo de la pensión, en lugar de aplicarlos sobre la base reguladora real del trabajador, lo cual derivaba en una prestación inferior a la legalmente establecida. Por ello, el organismo ha tenido que revisar su proceder interno para cumplir con la normativa vigente.
Así que, después de varias resoluciones judiciales y la revisión de oficio del propio organismo, se ha determinado que los ciudadanos en situación de jubilación anticipada voluntaria con bases altas deben recibir un ajuste en la prestación mensual. Este colectivo, bajo riesgo de haber perdido una parte sustancial de sus derechos económicos, ahora verá cómo su nómina de pensionista se actualiza según publica la Seguridad Social en su página web oficial. Independientemente de la fecha exacta de la solicitud, el derecho al cobro de estos atrasos nace del error en la aplicación de los tramos de reducción de la cuantía.