El Col·legi d'Economistes de Catalunya ha presentado una nueva edición de su encuesta de situación económica. Los economistas catalanes identifican el déficit fiscal con el Estado como el principal escollo para la economía catalana, mientras la crisis de la vivienda se instala como segundo gran reto, superando en preocupación a los aranceles. Un 63% de los economistas consultados pide que la Unión Europea fomente la colaboración público-privada para abordar el problema de la vivienda.

Esta petición refleja una doble conciencia: la crisis es de una escala que requiere recursos y coordinación supraestatal, y los modelos basados exclusivamente en la iniciativa pública o privada han resultado insuficientes. La propuesta apunta hacia fórmulas innovadoras de financiación, regulación y gestión del parque de vivienda con garantías públicas pero con la eficiencia del sector privado.

Carles Puig de Travy, decano del Col·legi d'Economistes, ha presentado una previsión "de estabilidad" para el año 2026. El decano ha citado el crecimiento del consumo interno, el buen comportamiento del mercado laboral y el dinamismo del sector servicios, junto con la estabilidad del ecosistema industrial, como los pilares que permiten visualizar este escenario.

A la vez, el decano no ha eludido los retos estructurales que pueden condicionar esta trayectoria. Ha señalado áreas críticas que necesitan una atención inmediata, como la modernización de las infraestructuras, la necesidad de mejorar la productividad y la escasez de trabajadores cualificados en sectores estratégicos, un hecho que ya está limitando el crecimiento en algunas industrias. "La estabilidad no es sinónimo de estancamiento y para asegurarla, hay que abordar estos factores que actúan como obstáculos de nuestro potencial", apunta Puig de Travy.

La paradoja política

Uno de los datos más sugerentes de la encuesta es la baja preocupación por la situación política en comparación con las cuestiones estructurales. Xavier Segura, director técnico del estudio, ha destacado que el actual contexto político de Catalunya se encuentra en la parte baja de la lista de preocupaciones de los economistas. Sin embargo, esta relativa tranquilidad contrasta con exigencias muy concretas en políticas públicas.

Cuando se pregunta sobre las prioridades para la transformación de la Administración, los economistas son contundentes: una abrumadora mayoría pide simplificar normas y procesos burocráticos, mientras que otros retos importantes incluyen diseñar servicios públicos desde las necesidades ciudadanas, mantener una atención presencial garantizada y avanzar hacia una digitalización integral. Segura añade que hay una preocupación "notable, pero no extrema" sobre la falta de presupuestos en la Generalitat. 

La encuesta también trata la distribución de los beneficios del crecimiento económico catalán. Los principales beneficiarios percibidos son el sector financiero, seguido del Estado y, en tercer lugar, los inversores. Esta percepción indica que, según los mismos economistas, el crecimiento no se traduce lo suficiente en bienestar compartido a escala social o en reinversión productiva en la economía real.

La radiografía de los economistas catalanes muestra una economía con fundamentos sólidos que permiten prever una etapa de estabilidad, pero con vulnerabilidades estructurales que pueden limitar su potencial a largo plazo. El mensaje es dual: por un lado, reconocimiento de las mejoras y la resiliencia del tejido productivo; por otro, advertencia clara sobre cuestiones pendientes que requieren acuerdos y voluntad política.

El hecho de que las dos grandes urgencias identificadas, la fiscalidad y la vivienda, tengan una fuerte dimensión política y de relación con otras administraciones, indica que las soluciones trascienden el ámbito estrictamente económico. Los economistas, así, parecen invitar a un debate más amplio: cómo construir consensos para abordar este hecho crónico. La encuesta del Col·legi d'Economistes no solo describe una realidad, sino que lanza una llamada a la acción coordinada y al diálogo constructivo entre todos los actores, desde las instituciones europeas hasta la administración local, para transformar en prosperidad.