La jubilación anticipada voluntaria en España conlleva una penalización económica cuya cuantía varía en función del tiempo de cotización acumulado y de los meses en que se adelante el retiro respecto a la edad ordinaria. El cuadro de coeficientes reductores vigente establece un sistema de porcentajes decrecientes que impactan directamente sobre la cuantía de la pensión y que se aplican de forma mensual, lo que supone un ajuste más preciso y, en muchos casos, más severo que el modelo anterior basado en trimestres. El esquema distingue cuatro grandes tramos de carrera de cotización. El primero engloba a quienes han cotizado menos de 38 años y seis meses. El segundo corresponde a quienes acreditan un periodo igual o superior a 38 años y seis meses e inferior a 41 años y seis meses. El tercer grupo incluye carreras iguales o superiores a 41 años y seis meses e inferiores a 44 años y seis meses. Finalmente, el cuarto tramo se reserva a trabajadores con 44 años y seis meses o más de cotización. Esta segmentación introduce diferencias relevantes en el recorte aplicado, favoreciendo de manera progresiva a quienes han tenido trayectorias laborales más largas.

La reducción máxima se produce cuando la jubilación se adelanta 24 meses. En ese supuesto, el recorte alcanza el 21% de la pensión para quienes no llegan a 38 años y seis meses cotizados. El porcentaje baja al 19% en el segundo tramo, al 17% en el tercero y al 13% en el caso de carreras superiores a 44 años y seis meses. La distancia entre el trabajador con menor y mayor periodo de cotización puede alcanzar, por tanto, ocho puntos porcentuales en el escenario de anticipo máximo. A medida que se reduce el número de meses de adelanto, también disminuye el coeficiente reductor. Con 20 meses de anticipo, la penalización es del 11% para el tramo inferior de cotización y del 9,20% para el más elevado. Cuando el adelanto es de 12 meses, el recorte se sitúa en el 5,50% para quienes han cotizado menos de 38 años y seis meses, frente al 4,75% para quienes superan los 44 años y seis meses. Incluso en supuestos de anticipos mínimos, de un solo mes, persiste una diferencia entre tramos: la reducción oscila entre el 3,26% en el grupo con menor cotización y el 2,81% en el de mayor carrera laboral.

La base reguladora como referencia

El diseño del sistema evidencia una doble lógica. Por un lado, penaliza de forma creciente cuanto mayor es el anticipo respecto a la edad legal. Por otro, modula el impacto en función del esfuerzo contributivo acumulado a lo largo de la vida laboral. La estructura mensual introduce además una progresividad más detallada, evitando saltos bruscos entre periodos y permitiendo calcular con mayor exactitud el coste económico de cada mes de adelanto. Desde el punto de vista financiero, estas reducciones se aplican sobre la base reguladora que determina la pensión inicial, lo que implica que el recorte es permanente y acompaña al beneficiario durante toda la percepción de la prestación. La decisión de anticipar la jubilación tiene, por tanto, efectos estructurales sobre los ingresos futuros del trabajador y debe valorarse teniendo en cuenta tanto la pérdida porcentual como la expectativa de años de cobro.

El cuadro de coeficientes muestra una clara intención de desincentivar los anticipos máximos, especialmente en carreras laborales más cortas, donde los recortes son significativamente más elevados. Al mismo tiempo, introduce un reconocimiento explícito a las trayectorias largas, reduciendo el castigo relativo en estos casos. En un contexto de presión demográfica sobre el sistema público de pensiones, la arquitectura de estos coeficientes se configura como una herramienta de equilibrio entre sostenibilidad financiera y equidad contributiva. En definitiva, la jubilación anticipada voluntaria se mantiene como una opción posible dentro del sistema, pero su coste económico varía de forma sustancial según el perfil del trabajador. La tabla de coeficientes establece un marco preciso que condiciona la cuantía final de la pensión y que convierte cada mes de adelanto en una decisión con impacto permanente sobre la renta futura.