Los funcionarios de la carrera judicial que ejercen como letrados de la Administración de Justicia han vuelto a poner sobre la mesa sus reivindicaciones salariales. El colectivo, que integra 4.300 profesionales en todo el Estado, ha anunciado una huelga indefinida, en una nueva muestra de descontento con el Ministerio de Justicia. Los letrados, que anteriormente eran conocidos como secretarios judiciales, pertenecen al grupo A1, una de las categorías más altas de la función pública, y acceden al cargo después de superar unas oposiciones consideradas entre las más exigentes del sistema.
El malestar del colectivo se remonta a las sucesivas reformas legislativas que, desde el año 2015, han ido incrementando sus funciones sin que las retribuciones hayan seguido el mismo ritmo. La implantación de la Ley de eficiencia organizativa, en particular, ha supuesto un aumento sustancial de sus responsabilidades, que ahora incluyen la dirección de las oficinas judiciales y la gestión de la Contabilidad de Depósitos y Consignaciones Judiciales, que acumula un saldo medio de 4.500 millones de euros. Sin su labor, la actividad de los juzgados podría verse gravemente afectada, con la suspensión de juicios, declaraciones y pagos.
Las retribuciones de los letrados de la Administración de Justicia se rigen por dos reales decretos, en función del régimen aplicable a cada partido judicial. El primero de estos decretos, de 2003, establece un sistema que combina un componente fijo, determinado por la categoría y la antigüedad, y un componente variable, ligado al rendimiento individual. La parte fija incluye el sueldo base, que para el ejercicio 2023 se sitúa entre 18.437 y 20.878 euros anuales, y se le añaden complementos de destino y específicos.
Los complementos de destino varían en función del grupo de población donde ejerce el funcionario y del cargo que ocupa. Por ejemplo, un letrado destinado en Madrid o Barcelona percibe un complemento de destino superior al de un compañero que trabaja en Valladolid o Córdoba. El complemento específico, por su parte, compensa la complejidad, la responsabilidad o la penosidad del puesto. La parte variable, integrada por el complemento de productividad, se añade a la retribución fija y depende del rendimiento individual.
El régimen de 2009 añade complementos generales
El segundo régimen retributivo, establecido por el real decreto de 2009, se aplica a los letrados que ejercen en partidos donde ya se ha implantado la nueva oficina judicial. Este sistema incluye un complemento general de puesto, que también varía en función del grupo de población, y complementos específicos adicionales. Las cifras concretas de la retribución base de este régimen oscilan entre los 10.951 y los 18.710 euros anuales, a los que se añaden complementos específicos que pueden alcanzar los 22.320 euros. Según los datos facilitados por el Ministerio de Justicia, las retribuciones anuales de estos funcionarios, sin considerar las variables, se mueven en una horquilla que va de los 39.011 a los 60.826 euros, en función del régimen retributivo y del destino. Si se añaden las retribuciones variables por productividad, la cifra puede incrementarse, y en 2022 osciló entre los 37.697 y los 58.979 euros anuales.
Para poner en perspectiva las retribuciones de los letrados de la Administración de Justicia, cabe compararlas con las de otros cuerpos del sector judicial. Los jueces, que también pertenecen al grupo A1, tienen un sistema retributivo similar, con un sueldo base que en su caso parte de los 20.878 euros anuales y puede llegar, en las categorías más altas, a los 27.805 euros. A esta base se añaden los complementos de destino y específicos, que en el caso de jueces destinados en Madrid o Barcelona pueden elevar la retribución hasta los 52.000 euros anuales en los inicios de carrera y superar los 130.000 en las altas instancias.
Los fiscales, por su parte, se rigen por un régimen retributivo idéntico al de los jueces, con un sueldo base que arranca en los mismos 20.878 euros y puede llegar a los 26.843 euros anuales. A estas cantidades se añaden los trienios, las pagas extraordinarias y los complementos de destino y específicos. Según los datos del Consejo de Europa, las retribuciones de jueces y fiscales en España se sitúan por encima de la media europea en ambos casos.
El anuncio de la huelga, una medida de presión
Los letrados de la Administración de Justicia han recurrido al anuncio de una huelga indefinida como medida extrema para presionar al Ministerio de Justicia. El colectivo ha manifestado reiteradamente que sus reivindicaciones salariales no han sido atendidas y que la falta de adecuación retributiva a sus responsabilidades es una cuestión que ya no puede esperar. La huelga, que comenzará el martes, podría tener un impacto significativo sobre el funcionamiento de la administración de justicia, dado que el trabajo de los letrados es esencial para el impulso de las causas judiciales.
El Ministerio de Justicia, por su parte, ha defendido que las retribuciones de los letrados se han incrementado en los últimos años y que se está trabajando en soluciones para abordar sus demandas. No obstante, los representantes sindicales han advertido de que las ofertas del Ministerio son insuficientes y que no abordan la cuestión de fondo, que es el incremento de las responsabilidades sin la correspondiente compensación salarial. Las conversaciones entre las partes continuarán en los próximos días, con la esperanza de llegar a un acuerdo que evite la huelga.
Si finalmente la huelga indefinida se materializa, el impacto sobre la actividad judicial podría ser muy significativo. Los letrados de la Administración de Justicia son los responsables de dirigir las oficinas judiciales y de impulsar los asuntos que ingresan en los juzgados. Sin su intervención, los procedimientos se podrían paralizar, las declaraciones y los juicios se podrían suspender, y los pagos que se gestionan a través de la Contabilidad de Depósitos y Consignaciones Judiciales podrían quedar bloqueados.
La huelga, por tanto, podría tener un efecto inmediato sobre la ciudadanía, que ya padece los retrasos de la administración de justicia y que ahora podría ver agravada la situación. Los abogados y las asociaciones judiciales han seguido de cerca el conflicto y han expresado su comprensión por las reivindicaciones de los letrados, aunque también han advertido de las consecuencias negativas que una huelga podría tener sobre el derecho de defensa y el acceso a la justicia.