El sector inmobiliario en bloque ha alertado de que las medidas que incluyen los dos decretos de vivienda que aprobó el martes el Consejo de Ministros restringirán todavía más la oferta de viviendas de alquiler. Contratos indefinidos o prórrogas obligatorias, la prohibición de desahuciar e incluso que los propietarios tengan que indemnizar a los inquilinos si no le renuevan el contrato son propuestas que, si prosperan, pueden frenar a los propietarios a la hora de poner los pisos en alquiler, mantienen.
Xavier Vilajoana, presidente de la patronal de promotores catalana (APCE) y también de la española, aseguró el miércoles que ha recibido "muchas llamadas de constructores y promotores que han decidido parar los proyectos de construcción destinados a alquiler", de manera que tampoco se generará oferta de obra nueva, según el constructor. Antoni Cañete, presidente de la Pimec, alertaba de que también hay que proteger a los propietarios porque "si perciben más riesgo y las viviendas acaban saliendo del mercado de alquiler, no habremos resuelto el problema, lo habremos agravado".
La demanda de alquiler en Catalunya crece porque los jóvenes se quieren emancipar y se crean nuevas familias y los precios de compra son muy altos. Pero la oferta no sigue el mismo camino y los precios se han disparado en los últimos años. Para detenerlo, el Govern aprobó en 2024 el tope de los alquileres en las zonas tensionadas, que incluyen los municipios donde vive la gran mayoría de catalanes. Los precios se contuvieron, pero los contratos de alquiler cayeron en picado.
Catalunya cerró 2025 con el menor número de contratos de alquiler firmados desde 2009, cuando estalló la burbuja inmobiliaria. En concreto, 108.057 contratos, 10.500 menos que el año anterior, según el Servei d'Estudis i Documentació d'Habitatge, del Govern, a partir de las fianzas de alquiler depositadas en el Incasòl. De hecho, desde que los contratos tocaron máximos, en 2021, han sufrido un descalabro del 35,6%. Casi 60.000 contratos menos en cuatro años.
Si tomamos como referencia el tope a los alquileres, aprobado por el Govern de Pere Aragonès con el apoyo del PSC, que lo defiende y lo ha actualizado, el año pasado se firmaron 25.000 contratos menos que en 2023, último año antes de la entrada en vigor del límite a los precios en zonas tensionadas. Esto supone una caída del 19% en solo dos años.
Esta evolución no llama al optimismo. Desde algunos sectores se ha culpado a los alquileres de temporada de la caída de la oferta, pero los datos no lo reflejan, aunque en 2024 sí que se incrementaron, presumiblemente para esquivar el tope. Pasaron de 9.330 en 2023 a 13.517 en 2024, un incremento de 4.000, mientras los contratos de alquiler caían en casi 15.000. En 2025 los alquileres de temporada bajaron ligeramente, en 400, mientras los contratos totales bajaban en 10.000.
Hay un solo dato positivo en los datos de contratos de alquiler del Servei d'Estudis i Documentació d'Habitatge del Govern. En el primer trimestre de este año, último con datos publicados, los contratos suben hasta 28.079, 331 más que en el mismo período del año pasado. Hablamos, sin embargo, de un incremento pequeño, del 1,2%, y del segundo peor dato trimestral desde 2011; el peor es precisamente el de 2025.