El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de ley del estatuto de los becarios para establecer de manera clara lo que es una relación laboral y lo que es una actividad formativa. El objetivo de la norma es que las empresas no utilicen becarios en formación académica para "esconder relaciones laborales fraudulentas". La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha defendido que "una persona en prácticas no puede sustituir a un trabajador". Las empresas tendrán que firmar un convenio o acuerdo de cooperación con el centro formativo autorizado y se incorporan nuevas sanciones por el incumplimiento de derechos previstos en la ley. Según la vicepresidenta, hasta 225.000 euros según la vulneración.

La vicepresidenta segunda ha señalado que el 22% de las casi 1,7 millones de personas en prácticas son mayores de 30 años y ha señalado "irregularidades en los falsos becarios". Por este motivo, ha explicado que el nuevo estatuto delimita claramente que la formación debe estar destinada a aprender y no a sustituir a personas trabajadoras. "Muchos investigadores ocupan parte de su tiempo en llevar cafés y hacer fotocopias. Y esto es lo que queda claro que no puede pasar en nuestro país", ha añadido.

El texto también establece que los becarios tendrán derecho a la compensación por desplazamientos, alojamiento o manutención. Y cada empresa tendrá un tope de número de personas becarias. Asimismo, se prohíbe que las personas paguen por acceder a la formación práctica.

"No puede ser un sistema en el que haya personas que pagan por hacer prácticas en este país. Y no es una anécdota", ha añadido Díaz.

El estatuto fija que se considera relación laboral cuando el trabajo que se realice no esté vinculado al desarrollo de los estudios oficiales. Define que las prácticas en empresas deben ser una actividad formativa "efectiva y provechosa". Y que se debe garantizar su derecho al descanso, a la conciliación y a la protección de la seguridad social y la salud frente al acoso.

Las empresas deberán informar a la representación de los trabajadores de los convenios que firmen y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social tendrá acceso a la documentación de las prácticas.

Preguntada por las reticencias de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE), Díaz ha respondido que el problema es la "deficiente financiación" de la universidad pública española que, según ha recordado, es competencia de las comunidades autónomas.

Finalmente, ha defendido que el paso que se da es "mayúsculo" porque, a partir de ahora, las personas que se están formando tendrán derechos.