Los consumidores asumirán durante los próximos doce meses el coste de la reposición del sistema eléctrico tras el apagón masivo del 28 de abril. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha cuantificado en 38 millones de euros los gastos derivados del proceso de recuperación de la red y la activación del plan de emergencia. Esta cifra se repartirá entre la demanda futura de comercializadores y consumidores directos, con un recargo de 12 céntimos MW / hora. La resolución del regulador detalla que 33 millones de euros corresponden al coste directo de la generación que participó activamente en la reconstrucción del sistema, principalmente centrales de ciclo combinado de gas e hidráulicas.
El resto de millones se destina a financiar los intercambios internacionales de apoyo eléctrico procedentes de la frontera con Francia que no quedaron cubiertos mediante rentas de congestión. El organismo presidido por Juan José Ganuza ha rechazado cargar el coste total de la reposición sobre la demanda registrada exclusivamente durante las horas del apagón para evitar un impacto desproporcionado en un único periodo. En su lugar, ha optado por distribuir el pago durante doce meses, de forma que el impacto sea gradual y se reparta entre todos los consumidores. De los 38 millones totales, 9 millones ya se liquidaron de forma preliminar, por lo que el importe neto pendiente de liquidación se reduce a 29 millones.
La polémica sobre quién debe pagar
Durante el trámite de audiencia previa, que recibió alegaciones de dieciséis entidades, la mayoría de los agentes solicitaron que este coste extraordinario fuera asumido con cargo a los presupuestos generales del Estado o mediante una modificación de los cargos regulados del sistema. Argumentaban que el origen de la interrupción fue ajeno al control y a la responsabilidad de los consumidores finales. La CNMC, sin embargo, ha alegado que no tiene competencias legales para canalizar la financiación vía presupuestos públicos ni para modificar el Real Decreto de cargos. Por lo tanto, el traslado a la demanda como componente del coste de la energía constituye la única alternativa viable en su marco competencial. El regulador ha defendido que no se trata de trasladar indemnizaciones por daños, sino de pagar la energía efectivamente producida y consumida para restablecer la electricidad en el país durante una situación de emergencia prevista legalmente. Las asociaciones de consumidores habían calificado la medida de "práctica abusiva", pero el regulador sostiene que su papel se limita a aplicar la normativa vigente sin poder alterar el modelo de financiación del sistema eléctrico.
La CNMC también ha detallado la metodología de cálculo aprobada para retribuir las centrales que permitieron la reposición. El regulador ha desestimado las pretensiones de algunas empresas generadoras y las propuestas iniciales del operador del sistema, que planteaba valorar la energía producida según las ofertas del mercado de restricciones técnicas, con precios de hasta 246 euros por MW/hora en ciclos combinados y 371 euros en hidráulica. El regulador ha considerado que estas ofertas habrían sobreestimado el coste real en un contexto de suspensión de los mercados.
Para los ciclos combinados de gas natural, se ha fijado una retribución de 120,50 euros por MW/hora para los 215.483 megavatios hora generados, lo que suma un coste total estimado de 26 millones. Para la gestión hidráulica y de bombeo, la retribución será de 120 euros por MW/hora para la energía producida que exceda de su programa previo, y para las centrales térmicas de carbón el precio será de 123 euros por MW/hora.
Para determinar el precio final de las plantas térmicas de gas, la CNMC ha construido una fórmula basada en costes objetivos de materia prima, tomando como referencia una cotización del gas de 34 euros por MW/hora, peajes de acceso, el valor de los derechos de emisión de CO₂, costes variables de operación y mantenimiento, la repercusión del Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica y la aportación al bono social. Esta metodología busca evitar que las centrales que contribuyeron a la recuperación del sistema cobren precios excesivos aprovechando la situación de emergencia.