La CEOE ha advertido del incremento de costes para las empresas que supondrá la obligación de ofrecer servicios de atención al cliente en las lenguas cooficiales de España a todas aquellas compañías con más de 250 empleados o 50 millones de facturación, independientemente de dónde operen.
Fuentes de la patronal han mostrado a EFE su "preocupación" por el coste y la carga burocrática que pueda suponer el pacto alcanzado entre el Gobierno y Junts respecto al proyecto de ley de Atención a la Clientela.
A la espera de conocer el texto y alcance concreto del acuerdo, la CEOE considera que va en contra de la necesaria reducción de la carga burocrática que defienden y supondrá "un incremento de los costes operativos y de adaptación", así como una "pérdida de competitividad".
Asimismo, la CEOE ha mostrado su "inquietud por el impacto sobre la eficiencia y la calidad del servicio que implicaría la adopción de obligaciones respecto a las lenguas cooficiales en empresas sin implementación en sus respectivos territorios".
Junts anunció ayer un acuerdo con el Gobierno para "blindar" el catalán en este proyecto de ley, que ha recibido 234 enmiendas y que se encuentra en tramitación parlamentaria en el Congreso de los Diputados.
Posteriormente, desde el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 señaló que la posibilidad de reclamar en el servicio de atención al cliente en lenguas cooficiales sólo se contemplara en las grandes empresas que ofrezcan sus productos o servicios en esos territorios.
No obstante, PSOE y ERC han dejado abierto y pendiente del debate parlamentario la extensión a todo el país de la obligación para las grandes empresas de prestar la atención al cliente en catalán y el resto de lenguas cooficiales.
CEIM ve un "atentado contra la libertad empresarial"
En un comunicado, la patronal madrileña CEIM ha considerado "intolerable" la intromisión del Gobierno en las empresas, atentando "contra la libertad empresarial por intereses políticos".
CEIM ha criticado que estas medidas no se debatan previamente con las empresas y ha asegurado que aquellas que operan o mantienen relaciones comerciales con Cataluña ya ofrecen de forma mayoritaria esta posibilidad a sus clientes y proveedores, "fruto de su propia estrategia empresarial y de negocio, sin necesidad de imposiciones".
Es una decisión, han asegurado los empresarios madrileños, que "obedece solamente a un acuerdo político ajeno al interés general, que implica contentar a los nacionalistas y seguir en el poder".