Catalunya lideró el número de desahucios en el Estado durante el segundo trimestre, con un total de 983 casos. Sin embargo, esta cifra representa un 49% menos que en el mismo periodo del año anterior, según los datos actualizados por el Consejo General del Poder Judicial. La reducción es especialmente acusada en los casos derivados de la ley de arrendamientos urbanos, que han caído un 69% interanual, mientras que las ejecuciones hipotecarias han bajado un 24%. Esta diferencia entre las dos tipologías de procedimientos sugiere que las medidas de protección a los inquilinos y las alternativas residenciales impulsadas en los últimos años tienen un efecto más inmediato sobre los alquileres impagados que sobre las ejecuciones hipotecarias, que responden a procesos más largos y complejos. Los casos catalanes representan un 22% de todos los registros del Estado. De los 983 desahucios, 465 casos fueron consecuencia de procedimientos derivados de la ley de arrendamientos urbanos, mientras que 209 desahucios fueron por ejecuciones hipotecarias.

El resto corresponden a otros tipos de procedimientos, como los derivados de la Ley de Arrendamientos Rústicos o de otras normativas específicas. En el conjunto del Estado, se acumularon 4.474 desahucios entre los meses de abril y junio, un 35,7% menos que en el mismo periodo del año pasado. La cuota catalana sobre este total es, por tanto, del 22%, una proporción que supera el peso relativo de Catalunya sobre la población española, que se sitúa alrededor del 16%. Esta sobrerrepresentación indica que el fenómeno de los desahucios tiene una incidencia especialmente intensa en Catalunya. Las razones de esta mayor incidencia son diversas y responden a una combinación de factores.

Por un lado, Catalunya concentra una parte importante de la población que vive de alquiler, especialmente en el área metropolitana de Barcelona, donde los precios de la vivienda son más elevados y donde la presión sobre los hogares es mayor. Por otro lado, Catalunya ha sido tradicionalmente una de las que registra un número más elevado de procedimientos judiciales por impago, tanto de hipotecas como de alquileres. Por detrás de Catalunya, los territorios que más desahucios sumaron en el segundo trimestre fueron Madrid (778), Andalucía (737) y la Comunitat Valenciana (629). Estos territorios concentran buena parte de los lanzamientos que se producen en todo el Estado, lo que refleja su mayor densidad de población y su actividad económica más intensa.

La ratio por población

Si se pondera el número de desahucios según la población de cada territorio del Estado, Catalunya también lidera la estadística, con 12,1 lanzamientos por cada 100.000 habitantes. Este dato indica que, en términos relativos, la presión de los desahucios en Catalunya es superior a la de la mayoría de territorios, incluso cuando se tiene en cuenta su volumen de población. Después de Catalunya, se sitúan la Comunitat Valenciana (11,6), Murcia (11,2), Madrid (10,9) y Asturias (10,1). Los territorios con menos desahucios en función de su población son Navarra (3,5), Extremadura (3,7), La Rioja (4), Castilla-La Mancha (4,4) y Aragón (4,5). La diferencia entre el territorio con una ratio más elevada y la que la tiene más baja es de casi nueve puntos, lo que pone de manifiesto que el fenómeno de los desahucios no se distribuye de manera uniforme por el territorio.

Los territorios con mercados de la vivienda más tensionados y con más presión sobre los precios tienden a registrar ratios más elevadas, mientras que los que tienen un mercado más estable y precios más asequibles presentan cifras muy inferiores. La caída de los desahucios en Catalunya y en el conjunto del Estado se enmarca en un contexto de moderación de los procedimientos judiciales por impago, que responde a diversos factores. Entre ellos, se encuentra la mejora del mercado laboral, que ha reducido la tasa de paro y ha aumentado la capacidad de los hogares para hacer frente a los pagos. También influyen las medidas de protección social y las alternativas residenciales que se han ido desplegando en los últimos años, que han permitido evitar muchos lanzamientos mediante negociaciones o ayudas al alquiler.