Catalunya será la comunidad que más se beneficie de la nueva ley que ponga en el mercado de alquiler asequible o social la gran mayoría de la vivienda que tiene o va a construir el banco malo SAREB (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria), creado para gestionar activos problemáticos de entidades financieras que recibieron ayudas públicas. Tiene actualmente 13.499 pisos de la Sareb (además de 7.227 locales, 1.751 viviendas en obras y 2.872 unidades de suelo edificable), un 29% de las 46.542 viviendas que hay en toda España, y está muy por delante de Valencia y Andalucía, siguientes de la lista con 8.897 y 4.544 viviendas, respectivamente.
La gran mayoría de esta vivienda irá destinada al mercado de alquiler social (que no cueste más del 30% de los ingresos al inquilino) y al mercado de alquiler asequible, que fija un precio por debajo del de mercado, pero no sujeto a la capacidad económica del inquilino, según han explicado fuentes de la SAREB a ON ECONOMIA.
No están estas viviendas, de todos modos, mayoritariamente en las zonas más tensas del mercado de alquiler, ni en capitales de provincia, por lo que el efecto de su traspaso al mercado social o asequible no tendrá, previsiblemente, un gran impacto en los precios del alquiler. La SAREB no proporciona por ahora los datos de los municipios donde se encuentran todas las viviendas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el sábado en un acto del PSOE que el Consejo de Ministros aprobará este martes la movilización de hasta 50.000 viviendas de la Sareb para alquiler asequible y se ha comprometido a elevar del 3 al 20% la vivienda pública en España a largo plazo.
A falta de conocer los detalles que concretará este martes el consejo de ministros, fuentes de la Sareb han explicado el complejo reparto que hará posible esta transición, cuyo objetivo es "que la gran mayoría de los pisos de la cartera de la SAREB vayan a parar al mercado social". De las 46.500 viviendas ya construidas, 14.000 ya están habitadas y pasarán al mercado social en cuanto venzan los contratos de alquiler vigentes, mientras que 21.000 quedarán en el mercado de venta a expensas de que las administraciones públicas o bien propietarios privados las compren a condición de ponerlas también en el mercado de vivienda social o asequible, según estimen.
Por último, se construirán 15.000 viviendas más que irán a un mercado asequible, por debajo de mercado, y sumadas a las ya construidas habrá 50.000 en el mercado social o asequible. La gestión del alquiler social, en este caso, correrá a cargo de los constructores privados.
Además, existen 11.500 viviendas construidas que no están aptas para la residencia y que se quedarán en el mercado de venta regular, aunque las administraciones públicas también podrán comprarlas para ponerlas en el mercado protegido. Esta cifra, de todos modos, "no es una foto fija, ya que irá cambiando a medida que la SAREB absorba o venda vivienda", explican dichas fuentes.
En Catalunya, la ley autonómica ya obliga a ofrecer alquiler social a las familias en riesgo de desahucio, con precios de entre 50 y 200 euros aproximadamente, que no superen entre el 10 y el 18% de la renta familiar, y la Sareb se adaptará a esta ley, más exigente con el propietario, a cada comunidad. De las viviendas que la Sareb tiene ya construidas, 14.000 están habitadas y 2.000 están ocupadas irregularmente. Fuentes de la Sareb explican que la medida "será muy buena para las familias y buena para la Sareb", ya que servirá para aumentar los ingresos en viviendas no siempre fáciles de vender o alquilar en el mercado regular.
El alquiler social, además, "tiene una morosidad muy baja porque se hace un acompañamiento y es voluntario", explican las fuentes del Sareb, que perdió 1.500 millones de euros en el pasado 2022 "porque el valor de los activos era mayor cuando fue absorbida que su valor actual en el mercado". El precio medio de venta de los pisos del Sareb es de 97.000 euros, por lo que la venta de 22.000 viviendas a las administraciones podría suponer ingresos de unos 2.200 millones de euros, si bien desde la Sareb reconocen que "al vender en lotes grandes, habrá más descuentos".
Ley de la vivienda
A un mes y medio de las elecciones municipales y a poco más de medio año de las elecciones generales (con la fecha aún por fijar), Sánchez completó con el plan de la Sareb unas semanas de intensa actividad en relación a la vivienda. El pasado viernes, el Gobierno consiguió llegar a un acuerdo en el Congreso para aprobar una nueva ley de vivienda que consolide la imposibilidad de desahuciar a familias con informes de vulnerabilidad y limitar las subidas del alquiler a un 3% interanual, por debajo del IPC. La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha explicado que la intención de la medida es "recuperar los activos que tiene la Sareb gracias al esfuerzo de los españoles y destinarlos a viviendas para el alquiler social", informa la agencia EFE.
Preguntada por el presupuesto que se va a destinar a esta iniciativa con la Sareb, Raquel Sánchez no ha ofrecido cifra alguna, aunque ha comunicado que "de momento se van a ir acometiendo esas actuaciones y muchas de esas viviendas se pondrán a disposición mediante acuerdos con las comunidades autónomas y ayuntamientos".
En ese sentido, ha apuntado que "se tendrá que actuar sobre aquellas viviendas que necesiten algún tipo de rehabilitación", lo que ha relacionado con la posibilidad de utilizar para tal fin el programa de los fondos europeos. Con respecto a las críticas que ha recibido la nueva Ley de Vivienda por parte de los partidos de la oposición y del sector inmobiliario, Raquel Sánchez ha comentado que el PP "no ha leído el texto y ya dice que la va a recurrir, por lo que espero que tengan el reproche social correspondiente".
Sobre el sector, la ministra ha recalcado que el Gobierno es "serio y solvente" y ha subrayado que han trabajado la ley "durante mucho tiempo" con el objetivo de "incentivar la construcción de vivienda pública y de alquiler asequible, para lo que necesitamos también al sector privado". "La futura Ley de Vivienda respeta el derecho a la propiedad, no va contra nadie y debe ser un aliciente para la iniciativa privada", ha dicho la titular del departamento.