La Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona ha conmemorado el centenario del edificio corporativo que tiene en propiedad en la Via Laietana de Barcelona. Un singular centenario para rememorar que el edificio se inauguró el 14 de diciembre de 1925 dentro del plan de apertura de la emblemática vía barcelonesa. La circunstancia ha justificado un exhaustivo trabajo documental Barcelona Via Laietana; más de cien años de historia compartida. La obra realizada por el historiador y museólogo Daniel Venteo recoge datos sobre el nacimiento de la calle, pero también respecto a la evolución del distrito de Ciutat Vella, desde 1855 hasta la actualidad, explicando diversas consideraciones y modificaciones sustanciales que han marcado la evolución de todo el barrio.
El actual presidente de la centenaria entidad, que se fundó en 1902, Joan Ràfols, hace valer que en los últimos 25 años la población del barrio no ha crecido, pero sí que ha habido un cambio socioeconómico significativo, con modificaciones destacables en su composición. “La población nacida en el extranjero ha pasado del 14,8% del total en el año 2000 al 65,3% en 2025. Principalmente, son personas provenientes de Pakistán, Bangladesh, Marruecos e Italia, lo que refleja la diversidad cultural del distrito”. Las personas del barrio viven, principalmente, de alquiler en esta parte del distrito que tiene el parque de viviendas más antiguo de toda la ciudad de Barcelona, ya que el 77% de los pisos se construyeron antes del año 1940.
Esta es una realidad que preocupa a la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona y no solo respecto al barrio de Ciutat Vella, sino para toda Cataluña. "Se necesita una gran inversión en rehabilitación del parque de viviendas en Cataluña porque es muy antiguo y no se le hace mantenimiento, entre otras cosas, por falta de políticas de vivienda adecuadas y porque en los últimos años se ha demonizado el papel de los propietarios", manifiesta el presidente de la entidad. Ràfols argumenta que "sin políticas de estímulo a los propietarios para que inviertan en mejoras en las viviendas -sean de alquiler o sean para uso personal- no se tendrá un parque bien adecuado a las funcionalidades que necesita la sociedad hoy en día".
"España no ha hecho políticas de vivienda desde la crisis de 2008"
Por no hablar, dice, de la falta de apoyo a promotores y constructoras para que levanten viviendas de nueva construcción. "Desde la crisis inmobiliaria de 2008, en España, se ha dejado de hacer políticas de viviendas y las regulaciones que se han puesto en marcha son contradictorias y no fomentan el sector". Con una población creciente, en Cataluña debería construirse 140.000 pisos nuevos cada año y no llega a unos 15.000 los que salen al mercado. Además, en Barcelona capital y el área metropolitana, que concentra la mayoría de la demanda, es donde hay menos oferta de nueva construcción.
Por todas estas razones, Joan Ràfols admite que de muchas de las etapas de la historia de la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona, la actual es, sin duda, una de las más complejas. "Es como si no hubiéramos aprendido de la experiencia", menciona Ràfols y relata que en España el tope en los alquileres ya existió entre 1920 y 1994. En 1920, las Cortes Generales españolas aprobaron el Decreto Bugallal para frenar la inflación de los precios de la vivienda mediante una reducción sistemática de los alquileres, una prórroga de todos los contratos de arrendamientos urbanos y una limitación de las causas de los desahucios. La regulación se mantuvo hasta 1994, con la aprobación de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). "Si una lección se puede extraer de todo este período es que el control del mercado del alquiler no sirvió para que hubiera más oferta en el mercado, por lo tanto, no hemos aprendido de la experiencia y se ha establecido unos nuevos topes al precio del alquiler que, evidentemente, no son la solución a la crisis de la vivienda", manifiesta el presidente de la Cámara.
La entidad sin ánimo de lucro, que representa y da servicio a las personas propietarias de viviendas, fincas urbanas y patrimonios inmobiliarios, defiende como exponen sus primeros estatutos de 1902, los intereses de sus asociados, ofreciendo servicios técnicos, jurídicos, fiscales e inmobiliarios orientados a garantizar una gestión segura, eficiente y legal del patrimonio.
También es una pieza clave en el análisis del sector y la elaboración de estudios e informes que aportan conocimiento sobre la situación del sector inmobiliario dentro y fuera de Cataluña. Entre las tareas de investigación más recientes, la entidad ha presentado un informe sobre la titularidad de las propiedades en la ciudad de Barcelona, que muestra que el 99% de los propietarios tienen entre una y cinco referencias catastrales residenciales, con una media de 1,21 inmuebles por titular. Unos datos que confirman que el parque residencial de la ciudad de Barcelona está altamente fragmentado.
"El conjunto de estos datos permite concluir que el debate sobre la vivienda en Barcelona necesita una reorientación profunda. Las evidencias catastrales muestran que la concentración especulativa no es el problema central y que las causas reales son urbanísticas, demográficas y estructurales. El parque residencial continúa fragmentado y sostenido por una mayoría creciente de pequeños propietarios. Cualquier política que no tenga en cuenta este diagnóstico corre el riesgo de ser simbólica, insuficiente y, a la larga, contraproducente", expuso durante su difusión el autor del estudio, Òscar Gorgues, gerente de la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona.
Una entidad para defender los derechos
En diciembre de 1913, la Cámara se instaló en su sede actual. Sus orígenes se remontan a finales del siglo XIX, cuando, al amparo de la Ley de asociaciones de 30 de junio de 1887, se constituyeron diversas asociaciones de propietarios de Barcelona. Entre ellas se encontraban la Cambra Gremial de la Propietat y la Sociedad Mutua del Inquilinato, que finalmente se fusionaron en 1901 para formar la Cambra Mútua de la Propietat, presidida por Josep Gassó i Marti. El crecimiento urbano de la ciudad de Barcelona y la extensión del Plan Cerdà (1860) fueron fundamentales para catapultar la asociación y hacerla crecer en representatividad con miembros como el Sindicat d'Associacions de Propietaris de l'Eixample i Pobles Agregats. Poco a poco se convirtió en la actual Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona.
Como recoge el libro Barcelona Via Laietana; más de cien años de historia compartida del historiador Daniel Venteo, la Cambra ha pasado por diversas etapas, muchas de ellas vinculadas a decisiones políticas:
- En 1907, un decreto reconoce la extensión y la importancia de la propiedad urbana para hacer crecer el país. Se reconocen las Cámaras Oficiales de la Propiedad Urbana, para abordar la conservación y la modernización del parque de viviendas.
- En el año 1919, se establece la colegiación obligatoria de los propietarios urbanos. De este modo, la Cámara de Barcelona creció significativamente y en 1927 se le otorgó personalidad jurídica propia y un rol consultivo para la Administración.
- En el año 1932, la junta de gobierno de la Cámara demostró compromiso social ante la crisis económica de los años 30 y defendió la seguridad jurídica en los arrendamientos.
- En el año 1936, la Generalitat suprime las Cámaras de la Propiedad Urbana por un modelo de gestión inmobiliaria más social.
- En 1941, después de la Guerra Civil, el régimen franquista devuelve las funciones a las cámaras, pero impone la adhesión al régimen para sus dirigentes.
- Años 50 y 60. La Cambra requería a las administraciones un modelo de planeamiento urbano para acoger la oleada migratoria de las zonas rurales a la gran ciudad. "La estricta congelación de alquiler era el factor principal responsable de la falta de nueva construcción para atender las necesidades de la elevada inmigración hacia las ciudades", recoge el libro del centenario. En 1950, el 90% del parque de alquiler de vivienda estaba en edificios de propiedad vertical.
- En el año 1960, se desbloquea la Ley de la propiedad horizontal para facilitar el acceso de una parte de la población a la propiedad. La Cámara colaboró activamente en la implantación de esta división horizontal. Así, en el año 2001, el 68% de la población ya vivía en pisos de propiedad.
La Ley Boyer y la LAU
- Año 1985. La reforma de la legislación de arrendamientos, con la ley Boyer de 1985, y la LAU de 1994, normalizó el mercado, pero generó tensiones, como el aumento de precios y la gentrificación, "ante la falta de ayudas sociales para las familias con dificultad para pagar los alquileres actualizados".
- Años 80. El restablecimiento democrático comporta la reestructuración de la Cámara. En 1982, la Generalitat asume competencias sobre las cámaras de la propiedad urbana.
- En el año 1990, la Generalitat devuelve a la Cámara su carácter de asociación privada, eliminando la afiliación obligatoria. Funciona, no obstante, bajo la tutela administrativa de la Generalitat. En 1996, se constituye la Confederación de Cámaras de la Propiedad Urbana, en la actualidad presidida por un catalán: Josep María Font.
El siglo XXI, con una amplia red de oficinas y un equipo multidisciplinar de expertos, la Cámara apoya tanto a propietarios individuales como a comunidades de vecinos, pequeños propietarios o grandes tenedores, ofreciendo una atención personalizada y rigurosa. Además, impulsa la difusión de conocimiento y el acceso a la información mediante publicaciones, formación y una plataforma en línea para socios, con contratos, modelos, consultas y recursos siempre actualizados. "Todos nuestros servicios están orientados a garantizar la máxima seguridad jurídica en cada gestión, ofreciendo a los propietarios la tranquilidad de cumplir con la normativa vigente y proteger sus derechos".