El Consejo de Ministros dará luz verde este martes a la reforma de una ley de riesgos laborales que ha cumplido tres décadas en vigor. La modificación, que se aprueba coincidiendo con la celebración del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, tiene como objetivo incorporar las nuevas realidades del mundo laboral, especialmente las derivadas del cambio climático y de la transición digital. La prevención de los riesgos laborales se considera clave para continuar reduciendo la cifra de accidentes en el lugar de trabajo o de camino al trabajo, que el año pasado dejaron 735 personas muertas.
La norma introducirá como principal innovación la figura del agente territorial de prevención de riesgos laborales. Estos profesionales tendrán como función visitar los centros de trabajo y proponer la adopción de medidas preventivas para garantizar la seguridad y mejorar la salud de los trabajadores. La figura responde a la necesidad de reforzar la presencia inspectora en empresas de todos los sectores y dimensiones, especialmente en aquellas donde los índices de siniestralidad son más elevados.
Descenso de accidentes mortales, pero la construcción aumenta las víctimas
Según los datos de siniestralidad del Ministerio de Trabajo, el año 2025 murieron 735 personas en accidente laboral, 61 menos que el año anterior. El perfil más común de la víctima es el de un hombre empleado en el sector servicios, que murió por causas naturales, como un infarto o un accidente cerebrovascular. No obstante, el sector de la construcción continúa siendo el que presenta más incidencia por número de trabajadores y el único en el que las muertes aumentaron en 2025, pasando de 135 a 164. También aumentaron hasta 151 los muertos in itinere, es decir, en el trayecto de ida o vuelta al trabajo, la mayoría en accidentes de tráfico.
Los accidentes laborales con baja disminuyeron un 1,3%, pasando de 628.300 en 2024 a 620.386 en 2025. La mayoría fueron de carácter leve y afectaron a hombres del sector servicios, por sobreesfuerzos físicos y golpes en movimiento. Sin embargo, la incidencia por número de trabajadores vuelve a ser mayor en la construcción y en las industrias extractivas. Los datos reflejan una tendencia a la mejora, pero los sindicatos consideran que todavía son inaceptables. CCOO y UGT han reiterado que "todavía es inaceptable" que el pasado año murieran 735 personas en accidentes laborales.
Los sindicatos inciden en la necesidad de visibilizar las enfermedades profesionales, especialmente los cánceres provocados por exposición laboral. Según alertan, cada año mueren 8.700 hombres y 850 mujeres por tumores debidos a exposiciones ocupacionales, mientras que en 2025 solo se comunicaron 119 partes de enfermedad profesional por exposición a agentes cancerígenos. Los sindicatos denuncian que las evaluaciones de riesgos en las empresas no identifican adecuadamente los peligros asociados a procesos crónicos y que, cuando se diagnostican, estos casos se derivan como enfermedad común en lugar de profesional, eludiendo su registro oficial.
La patronal CEOE rechaza la reforma por inseguridad jurídica
La reforma se enmarca en el Acuerdo de mejora y modernización de la Ley de prevención de riesgos laborales, firmado el 10 de febrero por el Gobierno, CCOO y UGT. El acuerdo, sin embargo, no contó con el apoyo de la patronal CEOE. Fuentes de la patronal insisten en que la reforma aumenta la inseguridad jurídica, incrementa de manera injustificada la responsabilidad empresarial, sindicaliza la prevención y es fruto de un proceso en el que se ha deteriorado el diálogo social. Además, consideran que la iniciativa carece de un análisis de impacto riguroso. A la negativa de la patronal, se han alineado partidos como Junts y el PP, que ya han anunciado que votarán en contra de una reforma que no cuente con el apoyo de las organizaciones empresariales.
Con estos pronósticos, la aprobación definitiva de la ley queda en manos de los socios parlamentarios del Gobierno, que deberán decidir si avalan una reforma que cumple tres décadas de retraso, pero que llega sin el consenso de la patronal. La seguridad y la salud laboral continúan siendo asignaturas pendientes en un mercado de trabajo que ha cambiado profundamente en los últimos treinta años, con nuevas formas de organización, nuevas tecnologías y nuevos riesgos asociados.
La figura del agente territorial aspira a ser una herramienta eficaz para reducir la siniestralidad, pero su eficacia dependerá en gran medida de los recursos que se le asignen y de la capacidad de las empresas para implementar las medidas preventivas propuestas. En un contexto de transformación acelerada del mundo del trabajo, la prevención continúa siendo uno de los retos pendientes de la administración laboral y de las empresas.