El Gobierno de Andorra ha aprobado este lunes la adhesión del Principado al Convenio del Consejo de Europa relativo al blanqueo, el descubrimiento, el embargo y el decomiso de productos del crimen y la financiación del terrorismo, conocido como Convenio de Varsovia. El texto, adoptado el 3 de mayo de 2005, tiene como objetivo promover, facilitar y reforzar la cooperación entre los estados parte para garantizar la identificación, el seguimiento, el bloqueo, el embargo y el decomiso de los fondos vinculados al crimen organizado y a la financiación del terrorismo, tanto en el ámbito nacional como internacional.

La adhesión a este instrumento internacional permitirá a Andorra consolidar su marco normativo y reforzar el compromiso del país con los estándares europeos e internacionales en materia de prevención y lucha contra el blanqueo de capitales, la corrupción y la financiación del terrorismo. El Convenio de Varsovia amplía y actualiza el marco establecido por el Convenio del Consejo de Europa de 1990, que Andorra ya firmó y ratificó, y que entró en vigor en el ordenamiento jurídico andorrano el 1 de noviembre de 1999.

Adaptación a los nuevos fenómenos delictivos

La adopción del nuevo convenio responde a la necesidad de adaptar los instrumentos de cooperación internacional a los nuevos fenómenos delictivos, de acuerdo con las recomendaciones y los procedimientos de evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional y del Comité de Expertos en la Evaluación de Medidas contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo. Estos organismos han insistido en la necesidad de que los estados actualicen sus marcos legales para hacer frente a las nuevas modalidades de crimen organizado, que a menudo utilizan estructuras empresariales complejas y tecnologías financieras emergentes.

El convenio se aplica a la prevención del blanqueo, al descubrimiento, embargo y confiscación de los productos del crimen, así como a la investigación y tipificación de los delitos vinculados a la financiación del terrorismo. También establece mecanismos de cooperación entre autoridades competentes, que incluyen el intercambio de información entre unidades de inteligencia financiera, el uso de técnicas especiales de investigación y la posibilidad de llevar a cabo actuaciones coordinadas en el ámbito internacional. En el caso de Andorra, el ordenamiento jurídico ya prevé los delitos de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo en el Código Penal.

Además, en la reforma que está en marcha del Código Penal, el Ministerio de Justicia e Interior ha propuesto incorporar la responsabilidad penal de las personas jurídicas para determinados delitos, un hecho que "refuerza" la alineación del país con los estándares del convenio. La aplicación del tratado también implica asegurar mecanismos internos adecuados para la gestión de los bienes objeto de medidas provisionales o de confiscación, así como la posibilidad de retorno a sus propietarios legítimos, de acuerdo con las disposiciones previstas en el texto internacional.

La autoridad andorrana designada para gestionar las solicitudes de cooperación internacional será el ministerio encargado de la Justicia, mientras que la unidad de inteligencia financiera será la Unión de Inteligencia Financiera de Andorra. La adhesión al Convenio de Varsovia deberá ser sometida a la aprobación del Consell General, ya que se trata de un instrumento jurídico internacional que afecta a materias relativas a la seguridad interior, la cooperación judicial y que requiere medidas legislativas para su ejecución.

Una vez superado el trámite parlamentario, Andorra pasará a formar parte del conjunto de estados que han suscrito este instrumento, lo que reforzará su posición como jurisdicción cooperativa en la lucha contra el crimen financiero. El Principado, que durante años estuvo en las listas de paraísos fiscales, ha hecho un esfuerzo considerable en la última década para adaptar su legislación a los estándares internacionales y salir de estas clasificaciones. La adhesión al Convenio de Varsovia es un paso más en esta estrategia de legitimación internacional, que busca garantizar que el sistema financiero andorrano no sea utilizado para blanquear capitales provenientes del crimen organizado o para financiar actividades terroristas.

Las autoridades andorranas confían en que esta medida contribuirá a mejorar la calificación del país en los próximos informes de evaluación de las entidades que periódicamente analizan el cumplimiento de las recomendaciones internacionales en materia de prevención del blanqueo. La reforma del Código Penal para incorporar la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que todavía está en trámite parlamentario, completará el paquete de medidas necesario para dar cumplimiento a los estándares exigidos por el Convenio. Andorra se incorpora así a una lista de países que han suscrito este instrumento, que incluye la mayoría de los Estados miembros del Consejo de Europa, así como algunos países no europeos que han decidido adherirse voluntariamente.

La cooperación internacional en materia de confiscación de bienes delictivos es considerada por los expertos una de las herramientas más efectivas para desproveer a las organizaciones criminales de sus recursos financieros, y el Convenio de Varsovia es el principal marco jurídico a escala europea. La aprobación de la adhesión pel Govern andorrà es el primer paso de un proceso que concluirá con la ratificación parlamentaria y el depósito del instrumento ante el Consejo de Europa, momento a partir del cual el convenio entrará en vigor para Andorra.

Mientras tanto, las autoridades andorranas trabajan para adaptar los procedimientos internos a las exigencias del tratado, para que, cuando este sea una realidad, el país esté preparado para responder a las solicitudes de cooperación internacional que pueda recibir. La adhesión al Convenio de Varsovia es, por lo tanto, un elemento más de un proceso más amplio de modernización del marco legal andorrano en materia de lucha contra el crimen organizado y el blanqueo de capitales.