Alrededor de 1,95 millones de personas en el Estado se encontraban en situación de pobreza oculta en el año 2025. Se trata de personas que no eran clasificadas como pobres según el criterio convencional, pero que caen por debajo del umbral de pobreza una vez que se afronta el coste de acceso a la vivienda. Así lo revela un estudio de Fedea. El trabajo se basa en los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística. El informe constata que incorporar el coste de la vivienda "no revierte la mejora de la pobreza registrada entre 2014 y 2025, pero sí que eleva sistemáticamente su nivel". En concreto, la tasa de pobreza relativa convencional se situó en 2025 en el 19,5% de la población, pero subiría hasta el 23,5% si se descuenta de la renta el coste de acceso a la vivienda.
El estudio recalca que "la vivienda no solo hace que más personas atraviesen el umbral de la pobreza, sino que agrava la situación económica de muchas de las que ya se encontraban por debajo". Esta realidad pone de manifiesto que la pobreza oculta es un fenómeno que afecta a un segmento significativo de la población y que no se refleja en las estadísticas convencionales. El análisis subraya la existencia de una "aparente paradoja" en la última década: mientras que la renta disponible agregada mejora, una parte creciente de la población se desplaza hacia el "régimen de tenencia con costes más elevados de acceso y menor capacidad de amortiguar las subidas del mercado", que es el alquiler a precio de mercado.
Este régimen ha pasado de representar el 12,1% de la población en 2014 al 17,4% en 2025. Este fenómeno hace que el impacto de los costes residenciales se concentre "de forma extraordinaria entre los inquilinos de mercado", señala el informe. En 2025, la pobreza convencional afectaba al 32,8% de las personas que vivían de alquiler a precio de mercado, una cifra que escala hasta el 49,9% al descontar el alquiler efectivamente pagado. El documento señala que "uno de cada cuatro inquilinos inicialmente no pobres pasa el umbral después de pagar el alquiler" y que esta modalidad de tenencia aglutina el 72,5% del total de los 1,95 millones de personas en situación de pobreza oculta.
El efecto amortiguador de la propiedad sin hipoteca
En sentido opuesto, el estudio analiza el impacto de lo que se denomina alquiler imputado, una métrica que reconoce el beneficio económico implícito de no pagar una renta de mercado. Al sumar esta ventaja, alrededor de 3,38 millones de personas clasificadas como pobres según su renta monetaria dejarían de serlo. Este efecto se da principalmente entre "propietarios de mayor edad sin hipoteca". Aunque los expertos recuerdan que el alquiler imputado "no supone que estos hogares dispongan de más dinero en efectivo", sí que refleja que "afrontan un coste de alojamiento mucho menor que otros hogares con una renta similar". Esta circunstancia explica por qué la pobreza oculta afecta de manera más intensa a los inquilinos que a los propietarios.
El estudio refleja que la vulnerabilidad asociada a la vivienda presenta un marcado perfil social y territorial. Se concentra sobre todo en hogares con una persona de referencia joven, nacida fuera de la Unión Europea y ubicada en zonas residenciales tensionadas, como Madrid, Baleares o Catalunya. Estos datos ponen de manifiesto que la pobreza oculta no afecta de manera uniforme a toda la población, sino que tiene un componente generacional y territorial muy definido. Los jóvenes y los inmigrantes son los colectivos que más sufren el impacto del coste de la vivienda sobre su renta disponible.
Fedea también subraya que la pobreza convencional solo identifica el 46,7% de las personas en privación material severa en 2025. Esta cobertura sube al 56,9% al descontar el coste de acceso a la vivienda y llega al 66,1% si se considera el gasto residencial total. Este dato pone de manifiesto que la renta disponible por sí sola "resulta insuficiente para distinguir plenamente entre hogares que, a pesar de disponer de ingresos semejantes, conservan capacidades económicas muy diferentes después de pagar el alojamiento".
Por ello, los autores recomiendan incorporar de forma explícita el coste residencial en el diseño de las políticas públicas de garantía de ingresos, como el ingreso mínimo vital, con el objetivo de "ajustar mejor la protección pública a su capacidad económica efectiva y detectar situaciones de vulnerabilidad que pueden quedar fuera cuando el test de recursos se basa exclusivamente en la renta antes de vivienda".