Las arcas catalanas han recuperado 295 millones de euros el pasado año que se dejaron de abonar. Así, la Agencia Tributaria de Cataluña ha comunicado que el año pasado hicieron aflorar 295 millones de euros de fraude fiscal, un 3,15% más que el año pasado (286 millones), según ha comunicado este viernes el Govern. Desde que se puso en marcha el Plan de prevención y reducción del fraude fiscal en 2015, han aflorado un total de 2.376 millones de euros, con una media de 216 millones anuales.
La suma de los importes de 2023 y 2024 asciende a 581 millones de euros, muy por encima del fraude detectado en los dos primeros años de los planes anteriores (360 millones y 423 millones, respectivamente). En conjunto, desde 2015, la ATC ha hecho aflorar un total de 2.376 millones de euros. La Agencia saca pecho al apuntar una mejora en la gestión fiscal, pues “con menos actuaciones ha conseguido descubrir un importe más elevado”. En concreto, las áreas de inspección, gestión y recaudación han llevado a cabo 52.933 actuaciones de prevención y reducción del fraude, un 2,8% menos que en 2023 (54.544 actuaciones) y, sin embargo, descubre una deuda mayor, concretamente ese 3,15%.
Sucesiones y donaciones
Por tipos de impuestos -limitados a las figuras dependientes de la Generalitat que gestiona directamente la ATC-, las tres cuarta partes de los 295 millones de euros corresponden a los impuestos de sucesiones y donaciones y de patrimonio. El 42% del fraude proviene del impuesto sobre sucesiones y donaciones, con 124 millones de euros, y el 33% procede del impuesto sobre el patrimonio, con 97 millones de euros, destinado a los contribuyentes más ricos. El impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, con 69 millones de euros, representa el 23%, y el resto de los tributos, con un importe de 5 millones de euros, suponen un 2% del total descubierto.
Cambios ficticios de residencia
En cuanto al control para detectar cambios ficticios de residencia, la ATC ha llevado a cabo 56 liquidaciones que han descubierto un fraude de 15,5 millones de euros. De estos, 8,5 millones se intentaron localizar ficticiamente en otras comunidades autónomas y los otros 7 millones en otros países. Por otro lado, la Agencia Tributaria ha realizado 8 liquidaciones relativas a bienes y activos situados en el extranjero y no declarados, que han aflorado un importe de 0,3 millones de euros.
El Govern señala que el Plan 2023-2026 incorpora otras medidas encaminadas a la prevención y que tienen que ver con la concienciación fiscal, el cumplimiento de las obligaciones tributarias, la transparencia, la colaboración social, la generación de valor con los datos y la gestión de los recursos humanos. La ATC se muestra satisfecha con los resultados de la campaña fiscal del año pasado, pues el 95% de las medidas que han entraron en vigor en 2024 han sido “alcanzadas”, el 88% “plenamente alcanzadas” y un 7% “parcialmente alcanzadas”, lo que se traduce en un índice “bastante elevado de cumplimiento de los objetivos”. El pasado año han continuado las actividades de concienciación fiscal, como las visitas a centros educativos, que este año ha alcanzado los 30, o las conferencias en centros universitarios, con un total de 20.
Pago por Bizum
Otro de los objetivos del plan es facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de las obligaciones tributarias. La puesta en marcha de una aplicación para móviles, que permite a la ciudadanía consultar información y realizar gestiones tributarias de forma fácil, rápida y evitando desplazamientos, o la consolidación de los nuevos sistemas de pagos de impuestos, van en esta línea. Concretamente, se han recibido 92.999 pagos a través de la plataforma Bizum, que han supuesto una recaudación de 3,7 millones de euros, y 43.375 a través del servicio de Correos, por un importe de 2,2 millones de euros.
En el ámbito de la colaboración social, se han recibido 377 denuncias a través del buzón de denuncias de la sede electrónica; se ha colaborado con el Colegio de Notarios de Cataluña y el Consejo General del Notariado para la implementación de un nuevo modelo de declaración informativa notarial; y se ha intensificado la colaboración con las entidades locales en materia de recaudación ejecutiva y en actividades formativas.