La Comisión Europea ha presentado una propuesta legislativa que pretende acabar con el "ecopostureo" al etiquetado confuso o falso de algunos productos que muestran sellos opacos con supuestas certificaciones medioambientales que no se basan en criterios científicos y transparentes. Una idea que se ha puesto encima de la mesa con el auge de este principio que se ha convertido en una marca, por encima de un principio a cumplir.

¿Todo es sostenible?

De esta manera,la Comisión Europea ha identificado 230 "ecoetiquetas" diferentes a la UE, que presentan características medioambientales de los productos y su análisis detallado lanza que el 53,3% de estas supuestas propiedades son confusas o infundadas y que el 40% contienen declaraciones sin base fehaciente para apoyarlas. Se trata de afirmaciones como "fabricado con un 30% de plástico reciclado", "comprometidos al reducir nuestras emisiones de CO2" o "zumo respetuoso con las abejas".

El derecho del consumidor a reclamar

El consumidor, según la propuesta, también tendrá derecho a pedir un formulario de reparación al fabricante que indique con "transparencia" las condiciones y el precio de la restauración, así como una comparativa de ofertas para repararlo. Para corregir esta tendencia, el Ejecutivo comunitario quiere aplicar más control y transparencia en estas etiquetas, que, de manera voluntaria, utilizan a algunos fabricantes para promocionar sus productos. El objetivo es «proteger consumidores, pero también proteger las empresas» que se ven perjudicadas por este etiquetado confuso al ver que compañías de la competencia utilizan eslóganes medioambientales dudosos, indican fuentes comunitarias.

Por eso, y solo con respecto a las declaraciones voluntarias de ciertas propiedades, sin incluir ningún nuevo sistema obligatorio de etiquetado, Bruselas propone introducir reglas comunes. Por ejemplo, no se permitirá que ningún producto muestre una «puntuación agregada» de diferentes criterios medioambientales, ya que se pierde nitidez en la fotografía real. Además, si se comparan unos productos con los otros en función de su rendimiento medioambiental, es obligatorio que se basen en información y datos equivalentes". Para evitar la proliferación de un etiquetado confuso, más allá de las 230 que ya existen, no se permitirá nueve sistemas públicos a nivel nacional a no ser que demuestren que aportan un valor añadido a nivel doméstico con respecto a un estándar armonizado a escala europea.

¿Cuándo se aplicará?

La nueva normativa propuesta, que se tendrá que negociar con el Parlamento Europeo y los Estados miembros, se suma a la Directiva de Derechos de los Consumidores que la Comisión presentó el año pasado, con obligaciones para los fabricantes para evitar que los productos contengan información engañosa sobre el impacto social o medioambiental del producto.