La decisión de Pedro Sánchez de convocar las elecciones españolas para el 29 de noviembre introduce un elemento de desconcierto en el horizonte de muchas políticas públicas, inversiones y proyectos. Para el mundo empresarial, una de las preguntas más inmediatas es qué pasará con los contratos que ya están en marcha y con las licitaciones que las administraciones tenían previsto sacar durante los próximos meses. La respuesta, sin embargo, no es la parálisis. La plataforma licitaciones.io recuerda que las instituciones pueden seguir publicando pliegos, valorando ofertas, adjudicando contratos y ejecutando los que ya están formalizados. Además, hasta el día de la votación, el Gobierno mantiene intactas sus competencias y solo entra en funciones una vez celebradas las elecciones, tal como marca la legislación vigente.

Con carácter general, las licitaciones que ya han salido a la luz siguen la tramitación habitual, porque la llegada de un nuevo Ejecutivo no es, por sí misma, un motivo suficiente para anular un procedimiento. La Ley de Contratos del Sector Público, con la actualización de abril de 2026, sigue siendo el marco que ordena los procesos de contratación de las administraciones. Esto quiere decir que las empresas que ya han presentado sus propuestas o que esperan una adjudicación no deben temer, en principio, una parada repentina de los trámites, aunque algunas resoluciones podrían retrasarse más de lo habitual.

Una vez pasadas las elecciones, el Gobierno quedará en funciones hasta que el nuevo equipo tome posesión. Durante este periodo podrá mantener la contratación recurrente de servicios, suministros, mantenimiento y renovación de contratos que lleguen a su fin, porque estas operaciones forman parte de la gestión ordinaria de la Administración. También tendrá margen para autorizar grandes contratos si se enmarcan dentro del despacho ordinario o si concurren razones de urgencia o interés general. No habrá, por tanto, un vacío absoluto, pero sí es probable que el ritmo de la actividad cambie y que algunas adjudicaciones se hagan esperar más de lo que sería habitual en un contexto sin comicios.

La historia reciente invita a la calma

Los antecedentes más cercanos ofrecen pistas sobre lo que se puede esperar. Entre agosto y noviembre de 2023, con el Gobierno en funciones, el número de licitaciones estatales se mantuvo en niveles similares a los del ejercicio anterior. La variación osciló entre una bajada del 6%, según la Plataforma de Contratación del Sector Público, y un aumento del 4%, de acuerdo con los anuncios del diario oficial de la Unión Europea. Antes de los comicios del 23 de julio de aquel mismo año, sin embargo, sí se produjo una aceleración considerable: entre la convocatoria y la jornada electoral, la obra pública licitada por el Estado se duplicó con creces respecto del mismo periodo del año anterior. Posteriormente, con el Gobierno en funciones, su importe se moderó entre un 15% y un 20%, según los datos analizados por licitacions.io.

Un factor que conviene tener presente es que, al tratarse de elecciones generales, la contratación de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos no queda afectada directamente por el calendario electoral. Entre enero y agosto de 2026, estas dos administraciones concentraron siete de cada diez euros licitados en obra pública en el Estado, según el análisis de licitacions.io. Esta circunstancia permite a las empresas reducir su exposición a posibles retrasos estatales mediante la diversificación territorial. La experiencia de procesos electorales anteriores demuestra que los descensos de actividad tienden a concentrarse en la administración que se renueva, de manera que quien trabaja con diversas instituciones puede compensar mejor los efectos del calendario político.