El Ministerio de Trabajo ha alcanzado este martes un acuerdo con los sindicatos, pero sin la patronal, para subir el salario mínimo interprofesional (SMI) un 3,1% en 2026, hasta los 1.221 euros mensuales por catorce pagas, con efectos retroactivos desde el 1 de enero.
Así lo ha anunciado el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, tras la última reunión de la mesa de negociación: "No hemos podido incorporar a la patronal, como hubiera sido nuestra voluntad, a este acuerdo de diálogo social. Hemos negociado sin resuello, nos hemos dejado la piel. Hemos buscado propuestas y contrapropuestas para que CEOE y Cepyme pudieran hoy acompañarnos en la presentación de este acuerdo de salario mínimo interprofesional, pero finalmente no ha sido posible".
El número dos de Yolanda Díaz ha avanzado que el Ministerio de Trabajo ha asumido también el compromiso y "va a llevar adelante" una reforma del actual decreto de salarios mínimos interprofesionales para que los complementos salariales no puedan ser absorbidos, tal y como reclamaban los sindicatos. La patronal se oponía. "No es posible que la subida del salario mínimo se pierda por el camino, no lleguen al bolsillo de las personas trabajadoras. Vamos a reformar las reglas de absorción y compensación", ha subrayado Pérez Rey.
Las patronales CEOE y Cepyme ya habían avanzado su rechazo a la propuesta fiscal planteada por el Gobierno para compensar a las empresas ante la subida del SMI y que han calificado de "trilera" con condiciones "inalcanzables".
En un comunicado, CEOE y Cepyme han mantenido que “esta subida es una trampa, dado que Trabajo realmente ha pactado con los sindicatos la tramitación de la no compensación y absorción de los complementos salariales, saltándose de nuevo el Estatuto de los Trabajadores y quebrando la negociación colectiva, lo que llevará a un incremento exponencial de los costes y asfixiará a gran número de empresas”. Y advierten “con rotundidad” que “nunca se había visto una falta de respeto y un desprecio tan claro al diálogo social como el que estamos presenciando en estos días”.
El Ministerio de Hacienda planteó a la patronal una reducción fiscal progresiva, que podría llegar a compensar hasta el 100% de la subida del SMI, de la que podrían beneficiarse aquellas empresas que contraten a trabajadores con sueldos superiores al salario mínimo interprofesional, siempre que incrementen la plantilla.
Este planteamiento del ministerio de María Jesús Montero consiste en una reducción en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades, que podrían aplicarse las empresas si la plantilla media total al final del período impositivo, con contratos con sueldos superiores al SMI, se ha incrementado respecto a la que tenían al inicio de ese período impositivo. Para aplicarse esta reducción, el aumento de la plantilla debería ser de al menos un trabajador a tiempo completo durante un año en empresas con menos de 100 trabajadores, y de al menos dos trabajadores o de al menos un 1% de la plantilla en aquellas empresas que tengan como mínimo un centenar de trabajadores.
Tanto Yolanda Díaz, titular de Trabajo, como Carlos Cuerpo, de Economía, indicaron en las últimas semanas que habían estado negociando una propuesta con la patronal para modificar la ley de desindexación con el objetivo de permitir que la subida del SMI pueda trasladarse a los contratos públicos.
La desindexación es una norma que impide que los precios de los contratos públicos se actualicen automáticamente en función de índices generales como la inflación (IPC) o el salario mínimo interprofesional (SMI). Precisamente, la Ley de Desindexación de la Economía Española se aprobó en 2015 para evitar que los precios públicos subieran en cadena cada vez que subía un índice general. Pero el gobierno español se ha mostrado favorable a "flexibilizar" la desindexación de los contratos públicos, para facilitar su actualización, si la CEOE se sumaba al acuerdo del SMI.