La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha alertado que el precio de la carne de pollo podría llegar a triplicarse al consumidor. ¿El motivo? La revisión normativa en materia de bienestar animal propuesta por la Comisión Europea tendrá un fuerte impacto económico en las granjas de avicultura de carne, de porcino y cunícola. 

En este sentido, desde la COAG han iniciado una ronda de contactos con las autoridades comunitarias y españolas para presentar un informe de impacto socioeconómico de la revisión normativa. "Queremos trasladar a las diferentes administraciones, tanto estatales como europeas, el impacto de la modificación en la normativa de bienestar animal y alertar del problema económico y de abastecimiento que puede generar. Y al mismo tiempo, mostrar a los consumidores la realidad de la ganadería en España y las repercusiones que tendría en la inflación del precio de los alimentos por el aumento de los costes a los ganaderos", ha explicado el responsable de sectores ganaderos de COAG, Jaume Bernis.

Prohibición de jaulas en las granjas

En concreto, los sectores cunícola, avícola y porcino de COAG han analizado las posibles consecuencias de la nueva Normativa Europea Reguladora del Modelo de Producción de Carne, de forma especial la referida a la prohibición de las jaulas en la producción de carne de conejo, cerdo y pollo.

"En COAG siempre hemos considerado positivas todas las iniciativas para mejorar el bienestar animal en granja. Sin embargo, estas normas tienen que estar basadas en evidencias científicas independientes, que tengan en cuenta el impacto socioeconómico de las medidas propuestas y que considere los riesgos, costes y necesidades que implica la eliminación total de las jaulas", ha subrayado Bernis. De esta forma y respecto al sector avícola, la organización agraria cifra en 140.000 euros el coste adicional para los productores de huevos. Mientras que en el caso de la avicultura de carne, el precio de la carne de pollo podría llegar a triplicarse al consumidor.

Impacto económico tras la normativa 

El impacto económico, a precios actuales, sería de una bajada de una tercera parte de los ingresos para el granjero y de la producción, lo que repercutirá en un aumento de precio desorbitado para perjuicio del consumidor, que supuestamente tendría que pagar una tercera parte más de lo que está pagando ahora.

Respecto al porcino, el informe muestra que para mantener el censo en una granja tipo de 1.200 cerdas, las salas de parto de 16 cerdas deben transformarse para albergar a 12 cerdas como máximo, lo que supone perder cuatro parideras por sala.

Así, se tendría que construir una nave nueva con todos los componentes necesarios (ventilación, fontanería, electricidad, accesorios, etc.) para albergar 62 parideras y poder así mantener el censo. El precio por paridera está estimado en 3.200 euros, por lo tanto, la inversión que se debería hacer rondaría los 198.400 euros. Una cantidad a la que hay que sumarle el precio de la remodelación de las salas de parto actuales, para pasar de albergar 16 cerdas a 12. El precio estimado de esta remodelación es de 21.662 euros por sala, por lo que la inversión total se situaría en los 324.932 euros que sumado al coste de la construcción de la nueva nave para albergar 62 parideras supondría un coste total de 523.332 euros.

Por último, COAG ha precisado el caso del sector cunícola, muy castigado en la actualidad. A pesar de ser un sector de poco volumen económico, se caracteriza por generar economía a partir de escasos recursos. En su caso, más del 95% de la producción se realiza en jaulas, por lo que la potencial prohibición de la utilización de jaulas en la producción de conejos para carne tendrá una "extraordinaria" repercusión en la estructura productiva sectorial y en el equilibrio de la cadena alimentaria del sector.

De aprobarse esta normativa, cada granja perderá entre un 40% a 50% de producción. "Para garantizar la supervivencia del sector, deben tenerse en cuenta los tres pilares de la agricultura sostenible (medioambiental, social y económico) para evitar que la producción desaparezca o se traslade a terceros países con normas menos exigentes en bienestar animal", ha indicado el responsable del sector cunícola de COAG, José Luis Santaclara.