El abogado internacional Robert Amsterdam ha lanzado una grave acusación contra el sistema fiscal español, calificándolo de "máquina de extorsión" diseñada para atrapar a profesionales extranjeros, con una presencia significativa de estadounidenses. La presentación del libro blanco Hacienda contra el Pueblo ha servido de escenario para exponer lo que su bufete, Amsterdam & Partners LLP, describe como una perversión sistemática del régimen fiscal, la conocida Ley Beckham.
Acompañado por figuras de peso en el mundo legal estadounidense, Amsterdam tejió un relato preocupante sobre las prácticas de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). El núcleo de la denuncia radica en una estrategia de "cebo y engaño": el Estado atrae talento extranjero con la promesa de un trato fiscal favorable, recogido en certificados oficiales, para después, retroactivamente, negar la validez de estos mismos certificados y reclamar deudas multiplicadas por diez.
Mientras que las quejas individuales han estado circulando durante años, el informe presentado por Ámsterdam amplifica el conflicto a una escala sin precedentes. El libro no se limita a describir casos aislados, sino que describe un patrón deliberado e institucionalizado. Según el abogado, esta práctica está directamente ligada a la situación financiera del Estado español. "España no ha aprobado unos presupuestos nacionales nuevos desde 2022 y utiliza a la Agencia Tributaria para apuntalar las finanzas del país mediante un sistema de bonificaciones opaco que incentiva a los recaudadores de impuestos", afirmó Ámsterdam durante su intervención. Y añadió: "En nuestra opinión, no solo es poco ético, sino también ilegal.
Esta extorsión sistemática está destruyendo la reputación internacional de España, especialmente en lo que respecta a los intereses empresariales estadounidenses". El análisis señala que esta "caza fiscal" no solo afecta a los trabajadores mientras residen en el país, sino que se perpetúa "injustamente y de manera indefinida", incluso mucho después de que hayan abandonado el territorio español, creando una incertidumbre jurídica y financiera permanente.
El motor del supuesto abuso
El informe Hacienda contra el Pueblo pone el foco en lo que considera el núcleo del problema: un sistema interno de incentivos económicos dentro de la AEAT que recompensa directamente a los inspectores por la recaudación adicional que consiguen. Este mecanismo, según Amsterdam, transforma la aplicación de la ley en una persecución con ánimo de lucro. El sistema, tal como lo describen, funciona de la siguiente manera: los inspectores reciben primas ligadas a las sanciones y a los cobros que efectúan. Lo más grave, según la denuncia, es que estas bonificaciones se mantienen aunque los inspectores pierdan los casos posteriormente en los tribunales administrativos o judiciales. Esto crea un incentivo perdurable para la presión fiscal más agresiva, independientemente del fundamento jurídico.
Este panorama se ve agravado por la figura del "pagar por apelar", una práctica que obliga a los contribuyentes a desembolsar la totalidad del importe disputado antes de que su apelación sea siquiera admitida a trámite. Esta barrera económica, asegura Amsterdam, "priva de justicia a todo el mundo excepto a las víctimas más adineradas", dejando a la mayoría de los afectados sin ningún recurso eficaz para su defensa. En un giro que eleva el conflicto al ámbito geopolítico y de seguridad, Amsterdam reveló durante la rueda de prensa una carta enviada al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos el pasado 29 de octubre. En ella, su bufete alerta sobre un riesgo potencial para la confidencialidad de los datos fiscales de los contribuyentes estadounidenses.
La denuncia se centra en el uso continuado por parte de la AEAT de servidores proporcionados por la empresa estatal china Huawei. Dado que el Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos comparte información fiscal con España en virtud del tratado bilateral de cooperación, la presencia de infraestructura tecnológica de Huawei en la cadena de gestión de estos datos delicados plantea, según Amsterdam, un riesgo de seguridad nacional inaceptable.
La carta solicita explícitamente al Tesoro y al IRS que aseguren el cumplimiento estricto de las disposiciones de confidencialidad del Tratado entre los dos países. Más allá de los datos y las acusaciones formales, el informe documenta casos concretos que ilustran el patrón de actuación. Uno de los más emblemáticos es el de Lars, un empresario sueco que confió en el marco legal español. Según la documentación presentada, Lars recibió la confirmación oficial por parte de la AEAT sobre su correcta aplicación de la Ley Beckham. Presentó todas sus declaraciones año tras año y pagó todos los impuestos que se le requirieron.
Sin embargo, tras una transacción empresarial que, según la ley, estaba explícitamente exenta, la Agencia Tributaria le ha reclamado retroactivamente más de un millón de euros. Su caso ejemplifica la trágica paradoja del sistema: incluso aquellos que actúan con la mayor diligencia y transparencia, con el aval de certificados oficiales, pueden verse envueltos en demandas multimillonarias que niegan las garantías que previamente les fueron otorgadas por la misma administración.
La conclusión que se desprende de la investigación es clara: lo que para muchos era una sospecha, ahora se presenta como una evidencia documentada de un cambio de paradigma en la política fiscal española, un cambio que, según Robert Amsterdam, está envenenando el clima de inversión y erosionando la confianza de los aliados más cercanos.