Catalunya es víctima de la desprotección aseguradora de la propiedad forestal. De los 2.000.000 de hectáreas de masa forestal existente, de las cuales tres cuartas partes son de titularidad privada, solo un 4,9% está protegida con una póliza de seguros; es decir, 24.872,96 hectáreas.

El desajuste entre la masa existente y la asegurada se produce, además, en un contexto de creciente ordenación forestal: Catalunya dispone de 270.000 hectáreas certificadas PEFC —garantiza que los bosques se gestionan de acuerdo con unos exigentes requisitos ambientales, sociales y económicos—. También tiene 4.579 planes técnicos de gestión forestal (FMP), que consisten en ordenar y gestionar fincas forestales privadas de 25 hectáreas o más, de manera que determinan las talas, las repoblaciones y los trabajos de mejoras por un periodo habitual de 15 años. En el conjunto del territorio hay 508.152 hectáreas con Plan Técnico (CPF), según datos del bróker de seguros PIB Group Iberia y del Centre de la Propietat Forestal (CPF), organismo público adscrito al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya.

A pesar de este avance en la gestión regulada de los bosques, la contratación de seguros no ha seguido el mismo ritmo, dejando a la mayoría de propietarios forestales expuestos económicamente ante un incendio, recuerdan desde la firma aseguradora.

508.043 hectáreas de bosques públicos, una de cada cuatro

Catalunya tiene 508.043 hectáreas de bosque de titularidad pública, lo que significa que un 24% de la superficie forestal está en manos de las administraciones. Pero que sea público no significa que todo esté debidamente ordenado y, por lo tanto, bien gestionado. De hecho, según los datos del Observatori Forestal Català, el bosque público está solo ligeramente más gestionado que el privado. Concretamente, el 34,3% de la superficie de bosque público tiene planes de gestión, mientras el bosque en manos privadas está ordenado en un 31,6%.

En este contexto, según los datos obtenidos por la ACN, la Generalitat (que es propietaria de un 18% de los bosques públicos de Catalunya) mejora un poco el porcentaje de superficie ordenada del conjunto del bosque público, con cerca del 40% de sus propiedades con planes de gestión. Aun así, el dato constata que menos de la mitad de sus bosques están bien gestionados.

Efectos y costes colaterales

El experto en seguros forestales, Ferran Bonet, alerta de que el propietario privado forestal medio no siempre es consciente de que, ante un incendio, puede enfrentarse no solo a la pérdida del arbolado, sino también a costes de repoblación, lucro cesante y, en determinados supuestos, responsabilidad civil si el fuego se propaga desde su finca. "La desprotección aseguradora que reflejan los datos sobre los incendios registrados este año es una señal clara de que hace falta más información y más asesoramiento especializado en este segmento", señala.

Según los últimos datos, Catalunya acumula ya 461 incendios y alrededor de 4.600 hectáreas afectadas este 2026, con el Baix Empordà (Girona) como la zona más castigada tras el gran incendio de la Bisbal d'Empordà, que quemó cerca de 2.200 hectáreas. Se ha superado la mitad de la superficie quemada en el conjunto de 2025. Según datos de los Agentes Rurales, del total, 72 fuegos han sido intencionados y 148 provocados por negligencias.

El experto de PIB Group Iberia pone énfasis en el hecho de que, incluso aquellas propiedades que están aseguradas, deben revisar que el capital asegurado se ajusta al valor real del arbolado y la explotación y que se debe tener una cobertura por responsabilidad civil, dado que los incendios extremos que se registran últimamente con gran virulencia pueden propagarse fuera de la misma finca.

Paralelamente, es aconsejable verificar si la póliza incluye gastos de repoblación y lucro cesante, y no solo la pérdida de la masa forestal. Estas advertencias se pueden resolver con asesoramiento especializado, ya que el riesgo forestal presenta particularidades técnicas que no siempre cubren las pólizas estándar del hogar o de explotación agraria.

Tanto si desafortunadamente la finca asegurada sufre un incendio como también a la hora de contratar una póliza, se debe valorar cuáles serán las ayudas públicas disponibles a las que se podrá acceder después de un incendio, para evitar coincidencias y, por lo tanto, superposiciones o, contrariamente, si pueden quedar vacíos de cobertura.

"El bosque no tiene solo un valor económico: también cumple una función ambiental y social que revierte en el conjunto de la sociedad. Por eso creemos que la conversación no debe limitarse a la propiedad forestal, sino extenderse a la importancia de mantener los bosques bien gestionados y regulados a través de los organismos competentes", añade Bonet.