El juez de la Sala II Pablo Llarena ha dictado un auto en que rechaza la entrega a España del president Carles Puigdemont en las condiciones acordadas por el Tribunal Regional Superior de Schleswig-Holstein(Alemania), es decir, para ser juzgado sólo por un delito de malversación de caudales públicos pero no por rebelión o sedición.

Llarena destaca “la falta de compromiso” del tribunal alemán con unos hechos que podrían haber roto el orden constitucional español. Y estima que con su decisión han anticipado un enjuiciamiento para el cual no tienen cobertura normativa, sin sujetarse ni a los preceptos de la decisión marco sobre la Orden de Detención Europea, ni a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ni al manual sobre la euroorden elaborado por la Comisión Europea.

Para el juez Llarena, el control de la doble tipificación por parte del Estado de ejecución “se tendría que haber limitado a comprobar si los hechos descritos por la jurisdicción española están contemplados en la legislación penal de Alemania, y si justificarían por eso que, de haberse perpetrado en el país de ejecución los hechos que se sospechan, se impulsaría una investigación penal semejante a la que aquí se sigue”.

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