Esta semana hemos conocido la propuesta que planteará el PSOE relativa al acceso a la carrera judicial. Concretamente, en la ponencia marco que se está preparando dentro del Partido Socialista, que hoy gobierna el Estado español, se encuentra la de establecer becas para aquellas personas que se preparen una oposición para acceder a la carrera judicial. Se trata de una medida que vendría a poner un parche necesario a la hora de facilitar una condición necesaria para poder afrontar unas pruebas que requieren de medios que no todos tienen. 

La modernización para el acceso a la carrera judicial es una cuestión que siempre ha estado sobre la mesa de los distintos gobiernos. Actualmente es un debate de evidente intensidad, puesto que algunas resoluciones judiciales están dando la sensación de responder a criterios de índole política más que de índole de justicia. 

En España nos regimos por lo que se llama modelo burocrático de la judicatura, que conlleva la fase de oposición y, posteriormente, la de formación. Este sistema se contrapone al denominado modelo profesional, que en sistemas judiciales como el británico consisten en que los jueces serán elegidos entre profesionales del derecho con una dilatada experiencia y con prestigio. 

El sistema de acceso a la carrera judicial consta de dos fases: una oposición y una fase de formación. Existe también otra vía, que es la que se llama “turno”, y supone el acceso a personas con experiencia profesional propia. El tercer y cuarto turno se estableció para tratar de solucionar la necesidad de jueces y la aportación de pluralidad de perfiles profesionales. El tercer turno fue suprimido en 2003. El cuarto turno, según denuncian algunas asociaciones de jueces, no se cubre correctamente. 

La oposición es un sistema de ingreso propio de los países de derecho continental, que fue introducido en el ordenamiento jurídico español por la Constitución de 1869, y que según señalan los expertos, no se ha adecuado a los cambios sociales que se han producido desde entonces. Se considera que la oposición está anclada en una configuración decimonónica, enciclopédica y memorística. 

En un documento elaborado por Jueces y Juezas para la Democracia, se señalaba que la oposición tradicional de acceso a la carrera judicial se ha mantenido inalterado desde el régimen previo a la Constitución vigente. Y en este sentido cabe preguntarse si el nuevo contexto no requiere de nuevos modelos de jueces, que además de conocer el Derecho, sean capaces de comprometerse con los valores de imparcialidad, independencia y motivación de las sentencias. Y al permanecer estática la manera de acceso a la carrera judicial, señalan desde esta asociación que se ha dado una continuidad en el perfil profesional de los integrantes de ésta con relación a la situación anterior a la Constitución, impidiendo que los jueces cumpliesen de forma óptima las tareas que les corresponden en nuestro actual Estado Constitucional de Derecho. 

Las críticas que se plantean al sistema actual de oposición son muchas. Desde el propio sistema que pone en valor la memoria, pero no la capacidad argumentativa, pasando por el contexto que influye y que puede tener trascendencia en la puntuación. No cabe duda que en los tiempos que vivimos, la memoria de una persona en comparación con el acceso a la información existente en las bases de datos, queda absolutamente aplastado. 

La percepción de la sociedad española hacia el sistema judicial es muy negativa. La falta de independencia, la lentitud, o la distancia de los que deben administrar justicia respecto de la realidad de los hechos está en tela de juicio. Quizás algo tenga que ver el hecho de que, recién salidos de la carrera, este perfil se ha de encerrar para memorizar cientos de temas llevando las capacidades al límite y renunciando a vivir experiencias que son fundamentales en el desarrollo de la personalidad, algo básico para poder tener empatía y saber comprender bien los problemas que deberá ayudar a solucionar en su tarea. 

Las reformas necesarias necesitan también que sea desde la universidad desde donde se pueda plantear ya el acceso a la preparación de oposiciones de este tipo, dejando de ser un ámbito absolutamente privado, personal, y al margen del contacto con la praxis real. El pago para la preparación particular va desde los 100 a los 300 euros al mes, como mínimo. Además, obviamente, la manutención necesaria durante los cinco años de media necesarios. 

La colaboración entre la Escuela Judicial y las facultades de Derecho es otra de las cuestiones que necesitaría una mayor implementación, siguiendo los pasos que ya se han dado en universidades públicas como la de Santiago de Compostela, la de Granada o en el Centro de Estudios Jurídicos de Cataluña. 

Entre las propuestas planteadas, un sector de la judicatura considera que sería interesante la introducción de una prueba de perfil psicológico. 

Hay otros sistemas, como en los Países Bajos, donde se realiza una prueba previa para el acceso a la Escuela Judicial que consiste en un test psicológico formado por una prueba de inteligencia y otra de personalidad: se analiza la capacidad de resistencia al estrés, aptitud de trabajo en equipo o la empatía. Y una vez superada esta fase, comenzará la formación específica durante seis años. 

En Alemania, el proceso también pone en valor el conocimiento de la realidad, de las distintas áreas del derecho y responde a un sistema abierto y dinámico. 

En Bélgica, se plantean distintas maneras de acceso a la carrera judicial: en todas ellas se valora la experiencia en el ámbito del Derecho y el perfil personal. 

En Francia, se han creado clases preparatorias de “igualdad de oportunidades” teniendo en cuenta los recursos económicos del candidato, de su familia, su origen geográfico. A lo largo de la formación se recibe una prestación económica. 

En Portugal, para acceder a la carrera judicial, hay que hacer un examen inicial donde se plantean preguntas de contenido cultural y sociológico, además de las propias del Derecho. En Portugal no existen jerarquías entre jueces: todos cobran lo mismo y asumen sus responsabilidades como mera tarea funcional, pero sin que haya rangos de superioridad de unos respecto de los otros. 

Sirvan como ejemplo estas muestras de buenas prácticas que pueden servir de inspiración para la necesaria renovación del acceso a la carrera judicial, que en parte influye, y mucho, en la garantía de su independencia.