Si todo el ingenio y la capacidad que se destinan en este país nuestro a intentar burlar la Ley y perjudicar al prójimo se empleasen en justo lo contrario seríamos, sin duda, uno de los lugares más avanzados del planeta, porque inventiva nos sobra, aunque no siempre se aplica como debiera. Una de las más singulares ocurrencias de línea delictiva pergeñadas en los últimos años tiene que ver con la ocupación ilegal de viviendas ajenas y sirve para evitar los desalojos exprés, que son una de las cosas que más temen los okupas. Nos referimos, claro, al llamado truco de la pizza.
¿En qué consiste?
El subterfugio, trampa o añagaza se perpetra sí y sólo sí el invasor de propiedades ajenas tiene claro de qué vivienda pretende enseñorearse y permite salvar el límite de 48 horas de permanencia que la jurisprudencia fija para distinguir entre un flagrante allanamiento de morada (en el que la Policía puede desalojar al allanador sin más) y una usurpación de vivienda, que, aunque es un delito más grave, exige que medie una orden judicial para que se pueda proceder al desalojo del intruso. El truco de la pizza permite confundir a unos y a otros de una manera muy sencilla: el futuro allanador, justo dos días antes de realizar la ocupación efectiva de la vivienda de la pretende apropiarse pide una pizza que se debe entregar en la vivienda que se pretende ocupar y espera al repartidor en el portal. Cuando éste llega, le paga, se lleva la pizza y se la come o la tira, pero, eso sí, guarda siempre el ticket, que es la clave de bóveda que sustenta el engaño.
¿Para qué sirve el ticket?
Con el ticket de la pizza, el okupa consigue algo muy valioso: un documento que certifica que, un día concreto y a una hora determinada, estaba ya en la vivienda. Así, aunque algún vecino o el mismo propietario llamen a la Policía al detectar que alguien ajeno entra por la fuerza en una vivienda, el okupante puede entregar a los agentes que se personen en el lugar de los hechos algo que certifica que lleva más de 48 horas en la vivienda y que, por tanto, lo que sucede no es un allanamiento flagrante y, por tanto, va a hacer falta una orden judicial para desalojar. ¿Hay manera de evitarlo? Difícil, porque basta con un repartidor con ganas de acabar pronto su trabajo. Lo dicho: si el ingenio que se usa por aquí para lo que no se debe se emplease para objetivos loables, seríamos mucho más de lo que somos. Por lo que pueda pasar, más vale instalar una alarma o cámaras de videovigilancia si se tiene una propiedad. Eso, y, claro, avisar a las pizzerías más cercanas para que hagan el favor de no ser cómplices involuntarios de un delito.