La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha registrado este miércoles la sede de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en las Rozas, y está procediendo este miércoles a la entrada y registro en once domicilios, entre los que se encuentra el del expresidente de la Federación, Luis Rubiales, además de requerimientos judiciales en diferentes entidades públicas y privadas en el marco de una investigación vinculada a presuntos hechos delictivos asociados a la corrupción en los negocios, la administración desleal y el blanqueo de capitales, relacionados con las comisiones cobradas por Kosmos, la empresa de Gerard Piqué, por llevar la Supercopa a Arabia Saudí. Las actuaciones pueden haber dejado hasta siete detenidos y cinco investigados, según han informado a Europa Press fuentes de la investigación, entre los que habría Pedro Manuel Segura, director de la asesoría jurídica; José Javier Jiménez, responsable de recursos humanos, y Tomás González Cueto, abogado externo de la Federación, hombre de confianza de Rubiales y que, según las investigaciones, redactó el contrato firmado por el expresidente de la Federación y Gerard Piqué. Según informa Europa Press, la Fiscalía pedirá una orden de detención para Luis Rubiales si no regresa de República Dominicana, donde está actualmente.

El origen puede ser una querella de Miguel Ángel Galán

Según la cadena COPE, las irregularidades están relacionadas con los contratos que la RFEF suscribió con Arabia Saudí por la Supercopa de España. El diario ABC va más allá y asegura que la operación podría estar relacionada con la querella presentada en junio de 2022 contra el expresidente de la RFEF Luis Rubiales y contra el exjugador del FC Barcelona y propietario de la compañía Kosmos Global Holding, Gerard Piqué, por los presuntos delitos de corrupción en los negocios y administración desleal. Esta querella fue presentada por Miguel Ángel Galán, dirigente del Centro Nacional de Formación de Entrenadores de Fútbol (CENAFE) y apunta a las comisiones cobradas por la RFEF y la empresa de Piqué por disputar la Supercopa de España en Arabia Saudí.

Esta cuestión de las comisiones provocó un auténtico terremoto en el fútbol español cuando, en noviembre del 2019, trascendió que la empresa de Piqué cobraría una multimillonaria comisión por haber intermediado por llevar la Supercopa de España a Arabia Saudí. El compromiso entre la RFEF y los saudíes era para seis años, los tres primeros garantizados, y el acuerdo suponía una comisión para Kosmos de 4 millones de euros cada edición. Por tanto, en el caso de celebrarse la Supercopa en Arabia Saudí, el total de las seis ediciones, supondría una comisión de 24 millones a cobrar por la empresa de Gerard Piqué. La primera edición del torneo en el país árabe se celebró en la temporada 2019-20 con un nuevo formato de cuatro equipos y el pasado mes de enero se celebró la quinta edición en Riad, en una final en la que el Real Madrid superó al FC Barcelona (4-1). Esta temporada se extendió el acuerdo para disputar la Supercopa en Arabia Saudí hasta el 2030.

En octubre del 2022 trascendió que Gerard Piqué entregó a la Fiscalía Anticorrupción, de manera voluntaria, diez facturas derivadas de su intermediación para llevar la Supercopa a Arabia Saudí. Según publicó El Mundo, el defensa blaugrana remitió las facturas, de 800.000 euros cada una, tramitadas a nombre de Kosmos, empresa de Piqué. La acción voluntaria del futbolista se revelaba pocos días después de que se hubiera conocido que la Fiscalía solicitó documentación a la RFEF, a la Agencia Tributaria y al Consejo Superior de Deportes (CSD) para llevar la Supercopa de España a Arabia. Las diligencias de la Fiscalía Anticorrupción formaban parte de la investigación abierta sobre la gestión de Rubiales y su relación comercial con Piqué. El requerimiento del fiscal de Anticorrupción se dirigía a los acuerdos suscritos entre la RFEF y las empresas de Piqué, Kosmos Football, S.L. y Kosmos Global Holding, S.L.

Con el apoyo de la Europol

Las diligencias policiales se están practicando bajo la dirección del juzgado de primera instancia e instrucción número 4 de Majadahonda (Madrid), en coordinación con la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada. Además, cuenta con apoyo de la Europol y se desarrolla en diferentes provincias de la geografía española.

Según estas fuentes, estaba previsto hacer la entrada y el registro en once domicilios, así como la ejecución de requerimientos judiciales. Hay varias detenciones ya practicadas dentro de unas diligencias que prevén hacer siete arrestos y que llega también a cinco personas más en calidad de investigados. Las intervenciones se enmarcan en una investigación vinculada a presuntos hechos delictivos asociados a la corrupción en los negocios, la administración desleal y el blanqueo de capitales. Las actuaciones permanecen secretas por orden judicial.