La Universitat de Barcelona (UB) ha elevado a la Fiscalía el caso que afecta al catedrático emérito Ramón Flecha y otros miembros vinculados al grupo CREA ante la "gravedad de los hechos" relatados por once testimonios recogidos hasta ahora en el marco de la comisión que investiga el suceso. Lo ha decidido el rector de la UB, Joan Guàrdia, tras recibir un informe preliminar de 200 páginas en el que se describen conductas que, si se confirman, podrían tener relevancia penal. El informe apunta que el CREA actuó como un "grupo coercitivo de alto control". La dirección de la universidad ha decidido, igualmente, apartar a tres profesores del grupo de Flecha.
El verano pasado la UB creó una comisión de expertos, integrada por tres especialistas con formación específica en violencia de género y acoso institucional, que en septiembre comenzó a investigar el caso. En cuatro meses se han realizado quince sesiones de trabajo y han comparecido ante los expertos once denunciantes. Hasta ahora ha recogido el testimonio de once personas que inicialmente denunciaron los hechos, aunque el número total de denuncias formales presentadas ya asciende a dieciséis. Tampoco han declarado aún ninguna de las personas señaladas en la denuncia y que serían Ramón Flecha, dos PDI y una persona con la condición de catedrático honorario.
"Grupo coercitivo de alto control"
Los hechos enmarcados en el grupo CREA que los declarantes han relatado ante los expertos son muy graves: "Podrían ser constitutivos de conductas de delitos de coerción sexual y psicológica, maltrato, explotación personal y profesional, así como conductas vejatorias e intimidatorias", aseguran desde la Universitat de Barcelona. En este sentido, aunque no se ha hablado de secta, sí se ha apuntado a la posible existencia de un "grupo coercitivo de alto control", caracterizado por un liderazgo fuerte, una estructura jerárquica y un funcionamiento sistematizado que habría utilizado las instituciones en beneficio del líder o del propio grupo. Así, la comisión de expertos, al constatar que "los hechos que se estaban vislumbrando comportaban la necesidad de emprender acciones antes de finalizar el proceso", decidió por unanimidad elaborar un informe preliminar de conclusiones de este primer tramo de la investigación.
Este informe, de 200 páginas, recoge una evaluación pericial psicológica de la fiabilidad de los relatos de las denunciantes y un informe penal para valorar la relevancia jurídica de los hechos. El informe fue trasladado el 19 de diciembre pasado al rector de la UB, Joan Guàrdia, quien decidió adoptar una serie de medidas cautelares después de que "las conclusiones de la comisión apuntaran a la existencia de conductas intolerables y totalmente incompatibles con los valores y principios de la UB". Así, la universidad ha decidido denunciar los hechos ante la Fiscalía y ha formalizado el procedimiento este mismo lunes. En el caso de que se inicie una querella o una denuncia por parte de este organismo, la UB solicitará personarse como acusación particular. También se ha acordado incoar dos expedientes disciplinarios que implican la suspensión de empleo durante seis meses, prorrogables, a los dos PDI implicados en el caso, así como retirar la condición de catedrático honorario a Ramón Flecha. La comisión tiene previsto seguir trabajando para esclarecer los hechos y tomar declaración a todos los implicados.
Primera denuncia, en 2004
El caso se remonta a 2004, cuando se presentó una denuncia por conflictos de funcionamiento interno del grupo CREA, así como de gestión económica y de becas. El CREA es un grupo de investigación universitaria creado en los años 90 que comenzó estudiando el aprendizaje y acabó especializándose en la violencia de género. Ramón Flecha, profesor en las facultades de Educación y Sociología de la UB, fue uno de sus impulsores. La denuncia de 2004 fue archivada y, años después, en 2016, se presentó otra denuncia por un presunto caso de abusos psicológicos y comportamiento sectario, que la UB trasladó a la Fiscalía. En aquel caso, el ministerio público concluyó que no existían hechos constitutivos de delito ni pruebas objetivas de infracción penal.
Ahora la UB confía en que la nueva denuncia prospere porque ha cambiado la tipificación de los hechos, de modo que el caso se enmarca en la figura de grupo coercitivo de control, una categoría que cuenta con un recorrido doctrinal y académico que se está consolidando y que se ve reforzada por un contexto social con mayor conciencia sobre el consentimiento y el abuso de poder. La universidad ha reiterado su voluntad de "llegar hasta el final" para esclarecer unos hechos que ha calificado de "injustificables, intolerables y repulsivos" y que "vulneran la dignidad y el respeto que merece cualquier persona".