El PSOE y Unidas Podemos (UP) han pactado este miércoles en una enmienda conjunta que las tiendas que comercializan perros, gatos y hurones tendrán una prórroga de un año legal para cerrar, una vez se haya aprobado la ley de protección y bienestar animal. La norma, que se encuentra en tramitación parlamentaria, recoge que la venta de estas especies como animales de compañía tan solo podrá hacerse directamente desde la "persona criadora registrada"— aquella inscrita en el Registro de Criadores de Animales de Compañía—, y "sin la intervención de intermediarios", y también, que no podrán exhibirse estos animales en las tiendas con fines comerciales.

Asimismo, PSOE y UP han propuesto que se incluya en la futura ley que el establecimiento "donde se vendan animales de compañía" tenga "separaciones físicas entre las zonas de paso y las instalaciones de animales, de manera que restrinja al público el acceso a estos, con los que solo tendrán contacto directo bajo la supervisión directa del personal del establecimiento."

Otras enmiendas: exclusión de los animales utilizados en investigación

Pero estas no han sido las únicas enmiendas presentadas por los grupos del Gobierno. También han registrado una en referencia a la exclusión de esta ley de las especies criadas, mantenidas y utilizadas en experimentación y otros fines científicos (incluyendo la docencia) y las utilizadas en investigación clínica veterinaria. Otra en cuanto a la definición de lo que sería la "reubicación" en el caso de las colonias felinas trasladadas a un nuevo emplazamiento acondicionado a este efecto, "con la supervisión" de un veterinario experto en medicina de colectividades y respetando el bienestar y la salud de estos animales.

PSOE y UP también han planteado que en los deportes cinológicos—por ejemplo, el entrenamiento de perros para trabajar en la Policía o las Fuerzas Armades—, se tendrá que preservar el bienestar animal y los entrenamientos serán respetuosos con su naturaleza. En el caso de los cetáceos en cautividad, una cosa muy criticada por los defensores de los animales, especialmente los proyectos de granjas de pulpos, el PSOE y Podemos han pactado que a partir del 1 de enero del 2026 solo se podrán criar y mantener cautivos en centros que puedan garantizar la idoneidad de sus instalaciones, de su mantenimiento en cautividad y del personal para esta actividad.

La previsión es que la ley se apruebe a finales de año

Aunque los dos grupos parlamentarios del Gobierno hayan presentado enmiendas conjuntas, el proyecto de ley ha sido muy polémico dentro del Gobierno, y de hecho, el grupo socialista también presentó enmiendas particulares. Una de ellas, para excluir los perros de caza de la ley. Una enmienda que Podemos y los otros grupos animalistas rechazan porque consideran que no se puede proteger legalmente unos perros y otros no, solo basándose en la actividad que desarrollan.

La previsión es que la ley, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales que dirige Ione Belarra, se pueda aprobar antes de finales de año. Después de que este miércoles haya concluido el plazo de presentación de enmiendas de los grupos parlamentarios al proyecto de ley, se dará paso al debate a la comisión competente con competencias legislativas llenas para tramitarse de forma urgente.