El magistrado Pablo Llarena ha empezado hoy los trámites para quedarse la causa contra los consellers encarcelados que ahora tiene la Audiencia Nacional.

Ha pedido un informe a la jueza Carmen Lamela antes de resolver sobre competencia y acumulación de la causa que se sigue contra exmiembros del Govern de Catalunya y los responsables de la ANC y Òmnium en la Audiencia Nacional.

El magistrado Pablo Llarena ha dictado una providencia en la que, con carácter previo a resolver sobre la competencia y acumulación de la causa, solicita a la jueza Carmen Lamela, de conformidad con el artículo 21 de la Lecrim que en el plazo de 5 días lo informe sobre los aspectos fácticos, procesales e investigadores de los dos procedimientos, así como para que cite a las partes personadas en estos procesos para que en el mismo plazo informen directamente a esta Sala sobre la eventual acumulación de los procesos.

El Tribunal Supremo ya ha decidido reclamar a la Audiencia Nacional la causa de sedición por la cual el vicepresident, Oriol Junqueras, y los consellers Turull, Rull, Romeva, Mundó, Forn, Borràs y Bassa están en prisión preventiva.

De rebote también acabará en el Supremo el caso de Jordi Sànchez, Jordi Cuixart y el major de los Mossos, Josep Lluís Trapero, porque la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela agrupó en su causa la de los consellers.

Diez días después de entrar en los centros penitenciarios de Estremera y Alcalá Meco, el juez Pablo Llarena pedirá a la Audiencia Nacional que se inhiba de la causa y la traspase al Tribunal Supremo.

Los delitos son los mismos y los hechos, también. Eso hace que se trate de un mismo proceso y que exista la posibilidad legal de agruparlos en un mismo tribunal. Como parte de los acusados son aforados, como Carme Forcadell y parte de los miembros de la Mesa, el tribunal competente que se lo tendría que quedar todo es el Tribunal Supremo.

Eso comportará un inicio de las actuaciones en el Supremo con respecto a la implicación en el caso del vicepresident y el president, que podría llevar al Alto Tribunal a dictar de nuevo las medidas cautelares. Y si eso pasa, tendrá que aplicar el mismo criterio que ya ha aplicado a Forcadell y el resto de la Mesa, con prisión eludible bajo fianza.

Que el caso salga de la Audiencia Nacional y entre en el Tribunal Supremo abre, por lo tanto, la puerta a revisar la prisión del vicepresident y los consellers. Por lo tanto, está previsto que las defensas pidan una nueva declaración de Junqueras, Turull, Rull, Romeva, Forn, Borràs y Bassa. Una nueva declaración que vaya en la línea que siga una estrategia de defensa similar a la de Forcadell y los miembros de la Mesa, y que permita al magistrado Pablo Llarena aplicar una libertad bajo fianza de cantidades similares a las de la semana pasada. Forcadell pagó 150.000 euros para salir de la prisión.

La misma Fiscalía reclamaba en la querella que el Supremo agrupara las causas contra la presidenta del Parlament y la Mesa que se están investigando en el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Allí hay tres querellas sobre lo que permitió votar la Mesa en los plenos del Parlament sobre las leyes para sacar adelante el referéndum y las leyes previstas para hacerlo efectivo.

Lo que instruye la Audiencia Nacional sobre los consellers es idéntico a lo que investiga el Supremo. Por lo tanto, es lógico que el magistrado reclame la causa.