El síndic de greuges, Rafael Ribó, ha asegurado este jueves que la ciudadanía puede "exigir" que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) dé información "transparente" sobre la trayectoria vital del imán de Ripoll y sus posibles contactos con los servicios secretos del Estado. Así, considera que aparte de la comparecencia en la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso, se tendrían que dar explicaciones "públicas" sobre la cuestión. Además, ha pedido que se debata sobre los atentados de la Rambla y Cambrils de agosto, su prevención y la posterior gestión en el Congreso, pero también en el Parlament cuando este vuelva a funcionar.

Son algunas de sus conclusiones y recomendaciones en el informe realizado sobre la prevención de la radicalización y el terrorismo en Catalunya, a raíz de los atentados yihadistas del verano pasado. Ribó ha sido crítico con todas las administraciones, pero especialmente con la española, por no haber permitido a los Mossos d'Esquadra formar parte del CITCO ni de la Europol, al contrario de lo que pasa con la Ertzaintza, y por no haber reunido la Junta de Seguridad durante ocho años. No obstante, no ha querido valorar la gestión policial posterior a los ataques terroristas, aunque ha recordado que numerosos expertos internacionales alabaron el papel de los Mossos.


En una rueda de prensa, Ribó ha pedido medidas para mejorar la coordinación entre las unidades antiterroristas de los diversos cuerpos policiales catalanes y estatales. También reclama que el Estado respete la plenitud de competencias y capacidad de los Mossos d'Esquadra en materia antiterrorista. Rafael Ribó considera que esta falta de reconocimiento y de coordinación se ha puesto en evidencia este verano a raíz de los atentados de Barcelona. En este sentido, ha pedido que se deje de considerar la policía española y la Guardia Civil como únicos "cuerpos serios" y el resto como complementarios.

El informe

En este sentido, ha instado al gobierno del Estado a rendir cuentas y aclarar la condición de Abdelbaki Es Satty como confidente policial, y si eso afectó de alguna manera a la coordinación entre cuerpos. Según él, la población tiene derecho a exigir explicaciones públicas, claras y transparentes, más allá de la Comisión de Secretos Oficiales.

En la presentación del informe, que ya se ha entregado al Parlament, el síndic ha explicado que se tiene que enmarcar en el más amplio debate de la relación entre libertad y seguridad, cuestión que fue abordada en profundidad en los seminarios internacionales organizados por el propio síndic, en calidad de presidente de la sección europea del Instituto Internacional del Ombudsman, los meses de abril del 2016 y 2017.

En cuanto al papel de las fuerzas de seguridad, el informe critica la paralización de la Junta de Seguridad de Catalunya durante más de ocho años, del 2009 al 2017, mientras que del 2004 al 2009 se había reunido prácticamente cada año. Este hecho, según dice el informe, es de una gravedad extrema, y más teniendo presente que desde hace casi tres años España está en un nivel 4 sobre 5 de alerta terrorista. El síndic no descarta que el Estado pueda tener algún tipo de responsabilidad jurídica.

 


El informe denuncia también agravios comparativos entre el cuerpo de Mossos d'Esquadra y la Ertzaintza, en su mayor parte derivados del acuerdo entre el gobierno del PP y el grupo parlamentario del PNV en el Congreso de los Diputados para aprobar los presupuestos del Estado del 2017. El acuerdo incluye varias medidas de coordinación de la seguridad, entre otros, para incrementar la plantilla de la Ertzaintza y para que la policía vasca ingrese en los foros europeos de decisión. Para el síndic, el principal agravio, aparte del comparativo, está en el hecho que la decisiones que han afectado la Ertzaintza se hayan tomado por pactos de estabilidad política, y no de forma racional y equitativa fruto del proceso de descentralización y de acuerdo con las competencias del País Vasco y Catalunya.

Siguiendo con las recomendaciones, el síndic ha incidido especialmente en la necesidad de consolidar la presencia de pleno derecho del cuerpo de Mossos d'Esquadra en els Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), que es el máximo órgano de coordinación en la información contra el terrorismo en el Estado español. Y en la misma línea, ha recomendado que se materialice de manera inmediata la presencia de los Mossos, con la consideración de autoridad competente, dentro de la Europol, y también al resto de organismos de coordinación y de intercambio de información a escala internacional.

A las autoridades catalanas, les pide que se apruebe la Ley de la Policía de Catalunya que despliegue las competencias asumidas con el Estatut del 2006, ya que la actual ley es de 1994, cuando los Mossos todavía no estaban plenamente desplegados por el territorio. Asimismo, pide que el Parlament, cuando funcione, debata sobre los atentados de agosto.

Prevención

De cara a la prevención, el informe subraya que las administraciones tienen que fomentar un discurso de integración y de prevención de conductas racistas, de discriminación, de enaltecimiento de la violencia y del odio, poniendo énfasis en la población joven que está inmersa en un proceso de búsqueda de identidad.

En el ámbito educativo, el documento destaca la importancia de la escuela como institución que fomente la interculturalidad y la diversidad como valores positivos, con vistas a formar ciudadanos para vivir en una sociedad plural e inclusiva. También pone el acento en la lucha contra la segregación escolar, y apunta al elevado índice de concentración de población migrante en determinados centros educativos. Al mismo tiempo, pide que se revisen los protocolos de detección y prevención de la radicalización islámica que hay en los centros educativos y en los penitenciarios.

A pesar de admitir que las aulas de acogida de los menores inmigrantes están funcionando relativamente bien, ha detectado carencias en la transición entre la escolarización obligatoria y la emancipación económica y laboral de los jóvenes recién llegados.

Con respecto al papel de los servicios sociales, los municipios catalanes no disponen de ningún protocolo ni mecanismo específico de prevención y detección del radicalismo, aunque los profesionales de este ámbito hacen actuaciones de prevención o coordinación con otros servicios. El síndic valora positivamente el Plan de ciudadanía y de las migraciones 2017/2024 de la Secretaría de Igualdad, Migraciones y Ciudadanía y considera que es una herramienta útil al servicio de los ayuntamientos, pero hace falta que se dote de recursos humanos y materiales para hacerlo efectivo.

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