La Fiscalía ha dado un portazo a elevar una broma sobre hablar en castellano a un delito de odio. La entidad Hablamos Español denunció a la Fiscalía a Josep Maria Lari Vilaplana, el Mag Lari, al considerarlo autor de un delito de odio por haber dicho en un programa infantil de TV3 y disfrazado de calamar: "Vengo a comerme a la princesa; hablo en castellano porque así parezco más malo". El fiscal del servicio de Delitos de Odio y Discriminación, Miguel Ángel Aguilar, ha concluido que esta expresión "no reúne los requisitos que exige la jurisprudencia para considerarla incitadora o promotora de odio".

En el escrito, el fiscal manifiesta que "si bien es cierto que en el contexto social en el cual se efectúa se detecta cierta tensión por tendencias a la discriminación por motivos ideológicos, no están el resto de indicadores del delito de odio". Hablamos Español, en comunicado enviado hoy, expresa que la respuesta de la Fiscalía "da por buena la ridícula disculpa" del Mag Lari.

Fuera del guion

En concreto, el fiscal Aguilar explica que el Mag Lari aclaró que esta frase "no estaba en el guion" del programa. Y en una entrevista en la cadena de radio RAC1, el Mag Lari se disculpó y alegó que no era su intención ofender a nadie y que justificó el uso del castellano, añadiendo que en su generación solo crecieron con dos canales de televisión en los cuales solamente se hablaba castellano. El actor calificó de "locura" que fuera investigado por la Fiscalía.

En el comunicado, la presidenta de Hablamos Español, Gloria Lago, critica la respuesta de la Fiscalía y sostiene: "La Fiscalía se preocupa más de no molestar a los nacionalistas catalanes que de proteger a los niños contra mensajes discriminatorios o de odio". Y recuerda que la Fiscalía "ya archivó una causa con nuestra exitosa manifestación de 2018".

Discriminación

No obstante, los razonamientos del fiscal Aguilar son contundentes y siguen la jurisprudencia europea sobre los delitos de odio. En el decreto de archivo, el fiscal manifiesta que la frase "puede contener una lectura de prejuicios y peyorativa para un determinado colectivo", pero añade que, como recoge la sentencia del Supremo de enero de 2017, "entre lo que incita a la comisión de delito y lo que se identifica con animadversión y resentimiento hay matices que no pueden ser apartados, con el argumento de que todo lo que pueda tener una interpretación discriminatoria sea delictivo".

Las denuncias de delitos de odio por razón de origen e identidad se incrementaron bastante después del referéndum del 1-O entre independentistas y unionistas, según recogen las memorias de la Fiscalía. Un caso que ahora investiga la Fiscalía especializada es la denuncia de Vox y otros colectivos por el conflicto en una escuela de Canet de Mar, en la cual un padre ha pedido que se imparta el 25% de castellano en la clase de su hija de P5, y que el TSJC ha avalado.

 

Foto principal: El Mago Lari / TV3