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La red europea de defensa lingüística (Elen, por sus siglas en inglés) ha aprobado por unanimidad una resolución que reclama la oficialidad del catalán en los territorios catalanohablantes de Aragón y que se garantice la enseñanza en esta lengua en todos los niveles educativos. La propuesta, presentada por Plataforma per la Llengua, se ha aprobado este sábado durante la asamblea general de la entidad, celebrada en la capital de Irlanda del Norte, Belfast. El texto aprobado también pide que los alumnos de la Franja puedan cursar toda la escolarización en catalán.

La resolución insta a los gobiernos aragonés y español a aplicar las recomendaciones del Comité de Expertos de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias del Consejo de Europa. Este organismo de seguimiento de las lenguas minorizadas —que agrupa 174 organizaciones de 25 estados— reclamó en 2024 medidas para proteger y promover el catalán en Aragón, así como que se reconociera explícitamente el nombre en el Estatuto de autonomía aragonés. Actualmente, según Plataforma per la Llengua, el catalán se ofrece principalmente como asignatura optativa y la posibilidad de participar en programas bilingües depende de cada centro.

Pérdida de la transmisión intergeneracional y sustitución por el castellano

En este sentido, la resolución reclama que el Govern aragonés elabore periódicamente encuestas sobre los usos lingüísticos para disponer de datos actualizados sobre la situación de la lengua. El documento denuncia que el catalán no tiene oficialidad en la Franja, "a pesar de ser una lengua histórica y la más hablada", según la entidad. También critica la derogación, en 2013, de la ley aragonesa que reconocía explícitamente el catalán y el aragonés como lenguas propias, así como la supresión de la Dirección General de Política Lingüística del gobierno aragonés en 2024. La entidad ha alertado de que los estudios recientes constatan una pérdida de la transmisión intergeneracional y un aumento de la sustitución por el castellano entre jóvenes. Un estudio de la década pasada afirmaba que los habitantes de la Franja que reconocen hablar catalán no llegan al 50%.

Durante la asamblea general de Elen, las organizaciones participantes también han aprobado un posicionamiento sobre vivienda y lenguas minorizadas. El documento reclama “incorporar la perspectiva lingüística” a las políticas residenciales, con medidas como estudios de impacto lingüístico para los grandes proyectos urbanísticos, la protección de los barrios vulnerables a la gentrificación y una regulación más estricta de las viviendas turísticas y las segundas residencias.