¿Qué ha pasado con los 89 menores de edad detenidos el pasado sábado por los disturbios y saqueos de establecimientos de Barcelona convocados por Blocus en las redes sociales? La mayoría de los chicos, de 15 a 17 años y que viven con sus progenitores (sobrepasados) en el área metropolitana, han quedado en libertad vigilada, una medida cautelar que se mantiene hasta finalizar la investigación y el juicio, que puede tardar un año en celebrarse. Si es condenado, este control se puede mantener. El procedimiento de la jurisdicción de Menores se basa en medidas educativas y no punitivas (prisión) como el procedimiento de los adultos. Esto no significa que no se les abra un expediente para aclarar su responsabilidad penal y que tengan "obligaciones" que cumplir con el objetivo de que cambien sus conductas delictivas, afirma un experto de la Dirección de Justicia Juvenil consultado por ElNacional.cat.
Actualmente, en Catalunya hay 2.206 menores en programas de Justicia Juvenil, de los cuales 940 en libertad vigilada y 290 en libertad vigilada cautelar, según la estadística actualizada este mes por el Departament de Justicia. Los delitos principales por los que son investigados son los de lesiones (30%) y contra el patrimonio (29%), donde se encajarían parte de los hechos registrados el sábado. Es decir, que dominan componentes de violencia como el estallado el sábado contra mobiliario, comercios y agentes. Aparte de los 89 detenidos en acciones en la calle, los Mossos d'Esquadra han anunciado la detención de tres menores, en Bellmunt d'Urgell (en libertad vigilada), Barcelona y Sant Sadurní, a quienes se les atribuye la difusión de Blocus en Telegram y la conspiración e incitación a cometer delitos. La Guardia Civil detuvo dos más en el País Valencià, y a uno se le atribuye el liderazgo en las redes sociales.
De la Fiscalía al control abierto
La Fiscalía especializada de Menores es la encargada de instruir los casos desde que chicos y chicas son imputados por hechos delictivos. No pueden estar más de 48 horas detenidos (los adultos son 72 horas), y pasado este tiempo deben proponer al juez si quieren que les aplique una medida cautelar. Este viernes, la Fiscalía de Barcelona ha finalizado las vistas de los detenidos del pasado sábado por los saqueos de Blocus, que quedaron en libertad y citados durante la semana. El domingo pasaron una cuarentena, y los jueces de guardia, a petición de la fiscal, decretaron el internamiento en centro cerrado para tres menores, acusados de atentado contra la autoridad, y para el resto, la libertad vigilada. Además, los chicos que han podido volver a casa tienen la llamada "regla de conducta" de prohibición de concurrir a cualquier tipo de reunión o manifestación a menos de 1.000 metros en todo el territorio nacional.
Primera entrevista en la Fiscalía
En las guardias de la Fiscalía de Menores siempre hay un técnico del Servicio de Mediación y Asesoramiento Técnico (SMAT) de la Direcció de Justícia Juvenil del Departament de Justícia. Este profesional, habitualmente un trabajador social (con el refuerzo de un psicólogo), es el que "asesora" a la Fiscalía sobre la situación familiar y social del menor y los elementos de riesgo, si tiene alguna adicción, por si es necesario pedir al juez que apruebe una medida cautelar para evitar su reincidencia. El técnico se entrevista solo con el joven y después con los progenitores. El profesional debe hacer posteriormente un informe más elaborado, con entrevistas a familiares, centro educativo y otros, para presentarlo al juez, en el momento del procedimiento. El pasado domingo, con la avalancha de detenidos que fueron a la Fiscalía de Barcelona, el técnico se reforzó con un profesional más. Y este domingo puede haber un tercer técnico si se repite el elevado número de detenidos.
Modificar conductas
Una vez en libertad vigilada, el menor regresa a casa, pero tiene unos "deberes" aprobados por el juez, que si los incumple puede provocar su internamiento en un centro. En concreto, cada chico tiene un educador social, que forma parte de los llamados Equipos de Medio Abierto de Justicia Juvenil, con el cual se tiene que entrevistar semanalmente y seguir las pautas que le marque, desde seguir en el instituto, inscribirse en alguna actividad formativa o prelaboral o terapéutica. Por eso, es clave hacer red con las entidades y servicios de cada municipio. Se les hacen unas pautas socioeducativas y reglas de conducta, con prohibiciones, como las de ir a protestas, para los encausados de Blocus. Siempre se intenta que se impliquen la familia y su entorno.
"No es ir a fichar y ya está. El educador intenta hacer entender al joven que tiene que modificar sus conductas y responsabilizarse de lo que ha hecho; hace una función educativa, como dice la ley del menor", explica el experto de Justicia Juvenil a ElNacional.cat. El educador hace informes trimestrales dirigidos al juez, si no hay ninguna incidencia, como que el menor no se presente a las entrevistas.
También se trata la responsabilidad civil de los daños causados con el menor, de los cuales los progenitores son responsables solidarios si se demuestra una negligencia en su atención. En este caso y si es posible, se trabaja en la justicia restaurativa, donde el menor acepta los hechos y repara a la víctima, que también tiene que aceptar, y puede ser desde pedir perdón a realizar una acción.
Más profesionales
Actualmente, hay nueve equipos de Medio Abierto repartidos por Catalunya, formados cada uno por un coordinador, educadores y trabajadores sociales, con el apoyo de un psicólogo. La ratio correcta es que cada educador social tenga a su cargo una veintena de menores con expedientes abiertos. Ante este incremento por las detenciones de Blocus, Justicia Juvenil ha reforzado los equipos de Barcelona Comarcas con seis profesionales más durante seis meses, prorrogables tres más, según ha informado Justicia a este diario, ya que la mayoría de los detenidos son de la corona metropolitana.
Todos los profesionales se han reforzado por si vuelven a haber disturbios este sábado, mientras los responsables de los comercios protegen los aparadores de los vándalos. Si uno de los menores en libertad vigilada y prohibición de ir a manifestaciones es detenido en la nueva protesta de Barcelona de este sábado, corre el riesgo de que, si es pillado, seguramente será encerrado en un centro educativo. La alerta también fue hecha por los jueces a los 51 adultos que quedaron en libertad; su riesgo es ir a la prisión de forma provisional.
Por su parte, el Col·legi de l’Advocacia de Barcelona ha anunciado que ampliará los abogados de guardia si hay nuevas detenciones, como el sábado pasado. En concreto, el ámbito penal de Barcelona ciudad pasa de 13 a 20 letrados y letradas, con la incorporación de siete profesionales adicionales. El ámbito de Menores de Barcelona ciudad pasa de 2 a 10 letrados y letradas, con la incorporación de ocho profesionales adicionales. Se informa que este refuerzo supone 15 profesionales más de guardia y tiene como finalidad "agilizar las designaciones y asegurar una asistencia efectiva, individualizada y de calidad".