La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha presentado una querella contra las empresas alemanas Alamedics GmbH & Co.KG y BSI Group Deutschland y contra la empresa con sede en Barcelona W.M.Bloss S.A por|para la fabricación, evaluación y comercialización, respectivamente, de un producto sanitario defectuoso que causó pérdida de visión, Ala Octa. El colirio, hecho con perfluoroctano, que se utilizaba como coadyuvante intraoperatorio en cirugía oftálmica, como en casos de desprendimiento de retina. El producto se utilizó en 28 centros sanitarios de 13 comunidades, que ya ha dejado, al menos 125 casos notificados, según ha informado el Ministerio Público.

Ala Octa, fabricado pro Alamedics GmbH y comercializado por BSI Group causó efectos como amaurosis —no percepción de luz en el ojo operado—, atrofia del nervio óptico, necrosis de la retina y fenómenos de oclusión vascular de la retina con un posible envenenamiento de la pared de los vasos sanguíneos de la retina, tanto arteriales como venosos.

 

Delito contra la salud pública

La sección contenciosa administrativa y social de la Fiscalía de la Audiencia Nacional incoó diligencias el 19 de octubre del 2023, después de la denuncia interpuesta por la asociación El Defensor del Paciente. A juicio de la Fiscalía, los hechos son constitutivos de delitos contra la salud pública por la fabricación, importación, suministro, intermediación, comercialización, ofrecimiento y puesta en el mercado del producto sanitario. Durante la investigación, que inició ante el contencioso-administrativo y que ahora archiva para querellarse, ha apreciado la existencia de deficiencias en la fabricación y carencias en los controles de seguridad de la materia prima y de los lotes fabricados.

La teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Marta Durantez, ha presentado una querella en la cual pide al tribunal que se recaude de los centros sanitarios que notificaron incidentes con el producto Ala Octa los datos de los pacientes que sufrieron lesiones, tomándoseles declaración como perjudicados con ofrecimiento de acciones. Además, la fiscal solicita que, una vez determinadas las personas jurídicas presuntamente responsables, se requiera a este organigrama a efectos de la determinación de las personas físicas que puedan ser las responsables. Finalmente, pide que se interrogue en sede judicial a los investigados que correspondan.