Primera multa por racismo inmobiliario de la Generalitat. La Oficina d'Igualtat de Tracte i No-discriminació, que depende del Departament d’Igualtat i Feminisme, ha impuesto la primera multa en Catalunya por “racismo inmobiliario” a una agencia de Mataró. La sanción es de 10.001 euros por una “infracción grave”, de acuerdo con la Ley 19/2020 de igualdad de trato y no discriminación, al tratarse de una “discriminación en el acceso al alquiler por razón de origen”. La actuación del Govern tiene su origen en un expediente iniciado a raíz de una denuncia, que presentó Hamid, vecino de la capital del Maresme y originario de Marruecos. La resolución del expediente, realizada por vía administrativa, también reconoce “la existencia de daños y perjuicios, incluido el daño moral”. Al mismo tiempo, también apunta la posibilidad de reclamar una indemnización mediante la justicia ordinaria.

Hace cuatro años, Hamid, que vivía de alquiler con su familia en un barrio acomodado de Mataró, decidió cambiar de piso. Trabaja en una multinacional y tiene un sueldo que triplica la media nacional. Pedía cita para visitar pisos, pero nunca recibía respuesta. En enero de 2024, Hamid “hizo un testeo” y pidió a un compañero de trabajo que preguntara por el mismo piso, después de que la inmobiliaria de Mataró le comunicara que la vivienda “ya estaba alquilada”. Una vez que el compañero de trabajo hizo la solicitud, le trasladaron que el piso estaba “disponible” en 15 minutos y concertaron una visita. Quien se presentó en la cita fue Hamid, que exigió explicaciones y fue entonces cuando “el administrador de la agencia inmobiliaria llegó a admitir” que los propietarios no querían inquilinos marroquíes, según ha informado el Observatori DESCA. La organización acompaña a Hamid en tres casos más contra inmobiliarias y otros dos presentados ante el órgano de Igualdad y Feminismo.

Más casos

"Ni siquiera le dicen al propietario que tiene trabajo fijo, un buen sueldo, antigüedad, DNI español y que lleva 28 años aquí en España. Ellos ya ponen la primera barrera", lamenta Hamid, refiriéndose a la manera de actuar de las inmobiliarias. Explica que incluso conoce a una compatriota suya que, a pesar de tener un doctorado y un buen trabajo trabajando para una empresa americana y con un sueldo muy alto, no puede alquilar porque su nombre no es catalán o español.

El Observatori DESCA considera "fundamental" que, “ante el auge y la normalización” de esta práctica, se eleven los importes de las sanciones hasta su límite legal, que son de 40.000 euros. Por su parte, el Departament d'Igualtat i Feminisme reivindica la tarea de la Oficina d'Igualtat de Tracte i No-discriminació, impulsada como “herramienta clave de las políticas públicas de igualdad”. Los propietarios y las inmobiliarias que hacen racismo inmobiliario rechazan a la persona aspirante a un alquiler antes de visitar el piso, le ponen condiciones más duras a unos que a otros o directamente les dicen que el piso "ya está alquilado", cuando no es cierto. No tienen en cuenta razones objetivas como son los ingresos económicos, el contrato laboral o la solvencia que pueda acreditar el potencial inquilino. Esta práctica afecta mayoritariamente a personas migrantes o de origen extranjero, aunque también afecta a veces a familias jóvenes con hijos, personas beneficiarias de prestaciones sociales o personas de etnia gitana.

El 99% de las inmobiliarias acepta discriminar

La inmensa mayoría de inmobiliarias, un 99%, acepta que los propietarios de vivienda impongan una discriminación racial a los inquilinos. Lo ha comprobado la ONG Provivienda con 100 llamadas a 50 inmobiliarias de Madrid y 50 más de Barcelona, en contra del artículo 14 de la Constitución, que prohíbe cualquier tipo de discriminación. Se trata de un incremento sustancial respecto al año 2020, cuando se realizó el anterior estudio y la discriminación era de un 72,5%.