El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, ha sido citado a declarar como testigo en la causa penal sobre la gestión de la DANA el próximo 19 de septiembre. Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia del País Valencià, a la jueza del Juzgado de Instrucción Número 3 de Catarroja, que lleva esta causa penal, ha citado también como testigos a un jefe oficial del Consorcio Provincial de Bomberos de València el 10 de septiembre y un técnico forestal del mismo Consorcio el 3 de octubre.

Por otra parte, la instructora ha vuelto a rechazar la citación como investigada de la delegada del Gobierno en el País Valencià, Pilar Bernabé, solicitada por la acusación popular ejercida por el partido Valores. En tres autos y una diligencia de ordenación, la jueza rechaza las peticiones hechas por el abogado del exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, para citar a los guardias civiles que elaboraron el informe sobre la cronología de los desbordamientos.

Orden de investigar al abogado de Argüeso

Además, ordena la apertura de una pieza separada para determinar si es procedente sancionar el abogado de Argüeso, José María Bueno, por el contenido de un escrito presentado al juzgado en qué denunciaba la posible injerencia del marido de la instructora, también juez, a la causa, y adjuntaba fotogramas extraídos de una declaración por videoconferencia. La jueza recuerda: "Hay que recordar a los abogados que uno de los fundamentos del Estado de Derecho, reconocido constitucionalmente, es la independencia e inamovilidad de jueces y magistrados, así como el juez ordinario predeterminado por la ley. Los jueces no les escogen las partes". También hace referencia a las quejas presentadas contra ella delante del Consejo General del Poder Judicial.

Con respecto a las solicitudes de prueba del abogado de Argüeso, la instructora afirma: "Se pretende demostrar que el procedimiento está dirigido por mi marido, que dirige interrogatorios y dicta resoluciones. Este abogado vulnera de manera flagrante todos los principios más elementales de la deontología profesional". Añade: "El abogado Bueno quiere convertir este procedimiento no en un lugar para investigar homicidios y lesiones imprudentes, sino para investigarme a mí y, por descontado, a mi marido. Es una desviación aberrante del procedimiento que se acepta sin complejos". También señala que el abogado de Argüeso "sepa que los fotogramas que circulan no pueden provenir nunca de la grabación de las declaraciones de testigos, ya que ninguna de ellas es facilitada a las partes."

Finalmente, la jueza denuncia que uno de los abogados que participó telemáticamente por Webex "siguió utilizando el sistema después de la declaración de varios testigos, grabando subrepticiamente a todas las personas que entraban en la sala, no solo a mí y a mi marido, sino incluso a mi hija menor de edad, que también entró aquel día después de la declaración. Hay que remarcarlo especialmente: algún abogado del procedimiento grabó a mi hija menor, cosa absolutamente repugnante".