El precio del alquiler en Catalunya ha experimentado un incremento del 101,6% entre el 2000 y el 2020, una cifra que triplica el auge de los ingresos de las familias catalanas (33,6%) en estos 20 años. En Barcelona, la subida fue del 136,3% en 20 años. Es lo que señala el informe State of Housing 2021. Catalunya y Barcelona, publicada por el Observatori Metropolità de l'Habitatge de Barcelona, el Institut d'Estudis Regionals Metropolitans de Barcelona y con la colaboración del Observatori DESC. No obstante, el crecimiento es más pronunciado en el caso del precio medio de compra de viviendas de segunda mano (que ha experimentado una subida del 103,7% en dos décadas) y del precio medio de los hogares de compra de obra nueva en Catalunya, cifra que sufrió un alza del 159,3% en este mismo periodo de tiempo.

El estudio se centra, también, en el impacto de la pandemia sobre el mercado de la vivienda en Catalunya y España en comparación con otros países de la Unión Europea, así como refleja cuál es el estado del acceso a la vivienda. En materia de hogares de alquiler social, el informe pone de manifiesto que tanto Catalunya como el Estado plasman una gran deficiencia en este aspecto y se sitúan claramente por debajo de la media de la Unión Europea. De acuerdo con los datos del Pla Territorial Sectorial de l'Habitatge de Catalunya, en el territorio hay 54.066 viviendas de alquiler social, que representan el 1,7% del parque principal. Si fijamos la mirada en el área metropolitana de Barcelona, el tanto por ciento sube a un 1,8% y, en el caso de Barcelona, a un 1,9%. En cambio, hay países como Finlandia, Noruega o Francia que superan con creces el 10%. De hecho, hay cinco territorios por encima del umbral del 20%: Dinamarca (21%), Irlanda del Norte (24%), Escocia (24%), Austria (24%) y Países Bajos (29,1%).

 

Este informe señala que esta carencia de vivienda de alquiler social va acompañada de otro "déficit estructural" de la política en esta materia, que es el poco gasto público en este sector. Entre el 2000 y 2019, el gasto en vivienda por parte de las administraciones españolas fue del 0,06% del PIB, mientras que la media europea fue del 0,5% de este mismo indicador. Para más inri, la inversión en el desarrollo y promoción de la vivienda fue del 0,2% del PIB en España, en tanto que en Europa la media llegó al 0,3%.

Mejora desde el 2020

Aunque con estas cifras el documento destaca que la capacidad de las administraciones para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad residencial "es muy limitada" y que hay un "escaso gasto en políticas públicas de vivienda", el informe se muestra optimista con el aumento "muy notable" desde el 2020 en recursos para estas políticas a través de, principalmente, los fondos europeos y las partidas presupuestarias extraordinarias destinadas a las consecuencias de la pandemia. En el caso de Catalunya, el presupuesto destinado a vivienda este 2022 es de 769,7 millones de euros, casi el doble que lo que estaba contemplado el año 2020. En esta línea, apuntan que los principales "retos" que hay en vivienda son la calificación indefinida de la vivienda protegida, más concreción de los derechos y deberes vinculados con la función social de la vivienda, fijar mecanismos de contención y disminución de los precios del alquiler, más implicación de los órganos judiciales a la hora de informar sobre los hogares vulnerables en procesos de desahucio, el impulso del alquiler social o una mayor colaboración público-privada en la generación de parque asequible.

Con estas palancas, confían en que se pueda empezar a revertir la "debilidad del sistema de vivienda catalana y española", una debilidad que se constató, dicen, "durante la situación de emergencia sanitaria provocada por la covid-19". Concretamente, en este periodo de confinamiento, la renta media en Catalunya cayó un 5,7% y la tasa de pobreza moderada subió del 19,5% al 23%. Las políticas de vivienda de alquiler son muy importantes, en opinión de los autores del informe, porque ha habido un incremento sustancial del número de hogares que viven de alquiler. Se calcula que el porcentaje de viviendas en este régimen es del 26,8%, en tanto que en Barcelona llega casi al 40% —38,4%—.