La actual Ley de Extranjería vigente en el estado español no lidia de forma eficiente ni efectiva con los problemas en el ámbito de la inmigración, un hecho que se ha llevado al extremo como consecuencia de la pandemia. Actualmente, "la tasa de pobreza de las personas migradas es casi cuatro veces más elevada" que las personas con nacionalidad española, y "la tasa de paro es más del doble."

Así lo recoge el nuevo dosier presentado hoy por la Mesa del Tercer Sector Social de Catalunya, llamado "Fronteras de papel: la irregularidad administrativa y la invisibilización de las personas", que identifica las principales contradicciones dentro del sistema de inmigración español, un sistema que atrapa a las personas dentro de un complejo burocrático con efectos adversos tanto para las personas migradas como para el conjunto de la sociedad.

 

 

Lo más importante a destacar sobre las estadísticas de migración en situación administrativa irregular es su inexistencia.

En Catalunya hay más de un millón de personas migradas, lo que supone un 15,32% de la población total, una cifra 5 puntos más elevada en proporción de la media del estado español. Aunque haya una clara falta de datos oficiales e investigación en este ámbito, de este millón de personas el informe "estima que unas 100.000 afrontan una situación de irregularidad sobrevenida". Además, su riesgo de pobreza es cuatro veces más alto que el de los ciudadanos españoles y tienen más posibilidad de estar en el paro o ejercer un trabajo precario.

"Movilidad humana forzosa"

La pandemia ha tenido un claro impacto en la economía del país, un hecho que ha golpeado con más dureza en los colectivos vulnerables de la sociedad. Más concretamente, las restricciones y el cierre de la actividad económica, tanto la formal como la informal, han llevado a la pérdida de trabajo a las personas que ya vivían en un cierto grado de precariedad. Para ilustrarlo el informe de la Mesa explica cómo el porcentaje de parados entre los miembros de los hogares atendidos por Cáritas se ha elevado hasta el 68%, respeto al ya muy alto 47% anterior a la pandemia.

En este contexto, las personas migradas en situación irregular que tienen que depender de trabajos en el sector informal por qué no tienen permiso para hacerlo 'legalmente', quedaron totalmente desamparadas, sin acceso a recursos como los ERTE. Tal como apunta el dosier, eso explica por qué "las personas con un trabajo dentro de la economía informal de los hogares atendidos por Cáritas hayan pasado de representar un 18% febrero de 2020 a un 7% a finales de mayo".

Tal como señala el informe, es evidente que la crisis aumenta el flujo de inmigración al país para personas que han perdido la manera de subsistir a causa de la pandemia y se ven obligadas a hacerlo, igual que pasó a raíz de la crisis del 2008. La "movilidad humana forzosa", tal como lo denomina la Mesa, es un hecho inevitable en este contexto, sobre todo en una sociedad cada vez más globalizada.

Tú no vienes aquí por diversión, en mi caso fue porque, cuando te disparan a ti y a tu familia, no tienes más opciones."

Además, el dosier destaca otros factores para los cuales las personas huyen de un país, como la violencia y los conflictos bélicos en su país de origen o la falta de recursos u oportunidades. En países como el Senegal, donde la falta de turismo por el cierre de fronteras y la explotación de los recursos pesqueros por parte de la Unión Europea de los cuales dependen 600.000 puestos de trabajo locales, el éxodo de personas que huyen de la situación es inevitable.

Las contradicciones de la Ley de Extranjería


Tal como explica la Mesa, la actual Ley de Extranjería vigente en el estado español, además de las normativas de inmigración y ciudadanía catalanas demuestran una grave "incoherencia normativa". En especial, el proceso de regularización de los inmigrantes exige el cumplimiento de ciertos requisitos que les ponen en alto riesgo de pobreza y los atrapan en procedimientos burocráticos repletos de contradicciones.

Por ejemplo, con el fin de conseguir el estatus de "arraigo social", el inmigrante tiene que vivir en el país durante 3 años, un tiempo en el cual no puede ejercer su profesión de forma legal ni acceder a los mismos derechos básicos que el resto de la población. En este periodo, tal como explica un testimonio en el informe, "No existes, eres invisible."

"Te sacan tres años de tu vida [...] de una u otra manera en vez de perderlos tengo que ganarlos, tengo que sumar [...] es como volver a tener quince años [...] tener una actitud de aprendiz."

Menores abocados a la irregularidad

Por otra parte, el informe alerta de la grave paradoja que afecta a los menores que llegan a España, y que por lo tanto, están protegidos por los convenios de derechos de la infancia, que son tutelados por los servicios de cada comunidad autónoma. En estos casos, a pesar de tener acceso a una autorización de residencia, no se les permite trabajar "cuando hacen la mayoría de edad y salen del centro de menores." Es decir, es el mismo sistema que les impide emanciparse de manera regular y emprender su propia vida, forzándoles a depender perpetuamente de los servicios de ayudas, oenegés o quedarse "en la calle". Todavía peor: si estos extutelados no pueden demostrar "que disponen de medios económicos propios, requisito imposible si no disponen de autorización de trabajo", no pueden renovar el permiso de residencia, "abocándolos a la irregularidad".

En respuesta a esto, la Mesa denuncia la situación de desamparo de estas personas, que pierden años de su vida en procesos que los abocan, precisamente, a trabajar y acceder a la vivienda de manera irregular. En contraste, el informe recalca el envejecimiento de la sociedad española, y la necesidad de aumentar la población trabajadora activa para hacerle frente.

En la práctica la invisibilización o los obstáculos para conseguir permisos de trabajo no sueño una respuesta efectiva ni eficiente ante un auge de inmigración. De hecho, los precedentes de las anteriores regularizaciones masivas de inmigrantes como la del 2004 revelan como a la larga fomentan la creación de riqueza, beneficiando al conjunto del país.

 

Foto principal: manifestación a favor de la regularización de los inmigrantes / ACN