El malestar acumulado durante años en el sistema ferroviario catalán ha llegado a su punto de ebullición. El sábado 7 de febrero, Barcelona será el epicentro de una protesta que quiere trascender el ámbito sectorial para erigirse en un grito colectivo por la dignidad, la cohesión territorial y un modelo de país funcional. La manifestación, convocada por la red de plataformas de usuarios de toda Catalunya, no será un acto aislado; sino la punta del iceberg de un descontento que ha logrado hacer simbiosis con el malestar más amplio de la sociedad civil.
La convocatoria, que arrancará a las cinco de la tarde de la estación de Francia para concluir en la Plaza Sant Jaume. La situación, según señalan los usuarios, hace años que cruzó el umbral de lo "insostenible", y las consecuencias se proyectan de manera devastadora sobre la vida diaria de cientos de miles de personas. En paralelo, y en un hecho que evidencia la naturaleza transversal de la crisis de movilidad, la Assemblea Nacional de Catalunya (ANC) y el Consell de la República han fijado para el mismo día otra manifestación, en este caso a las doce del mediodía, para protestar contra el "deterioro de los servicios básicos", entre los que destaca explícitamente el tren. A pesar de la diferencia horaria y el contexto político propio de esta convocatoria, la coincidencia temática y de fecha subraya cómo la cuestión ferroviaria se ha convertido en un eje central de reivindicación ciudadana, capaz de aglutinar preocupaciones diversas bajo una misma demanda de excelencia en los servicios públicos.
Un escenario de desesperación y fatiga
La voz de las plataformas de usuarios la encarna Anna Gómez, portavoz de Dignitat a les Vies, quien ha dibujado un cuadro exhaustivo de la desesperanza y la fatiga que imperan entre la ciudadanía dependiente del tren. Su proclama va más allá de la simple queja por retrasos o cancelaciones; aspira a un "tren digno" y a un "servicio público de calidad para todos y en todo el territorio". Es un grito que, según sus palabras, quiere significar un "basta ya" definitivo después de semanas de caos absoluto que han dejado al descubierto la fragilidad extrema del sistema.
"Llevamos unos días insoportables", afirma Gómez, revelando que el diálogo continuo con las instituciones, aún presente, ha resultado insuficiente. La impotencia ha obligado, dice, a "salir a la calle y demostrar nuestra indignación". La portavoz enfatiza que las plataformas no se manifestarán aisladamente, sino acompañadas por un amplísimo abanico de "entidades sociales, ambientalistas y colectivos profesionales". Esta alianza busca reflejar una verdad fundamental: "la movilidad lo engloba todo".
En este sentido, las declaraciones de Anna Gómez van más allá del problema inmediato de la puntualidad para abordar cuestiones estructurales de gran importancia. La representante ciudadana afirma que la situación del tren no solo penaliza el derecho a la movilidad, sino que se entrelaza con otras crisis sociales. Hay ciudadanos que se marchan de Barcelona hacia los territorios, ya sea para llenar la "Catalunya vaciada" o para huir de los precios de la vivienda en la capital. Pero esta decisión se topa con la barrera cotidiana de una conexión ferroviaria poco fiable, convirtiendo la vida de estas personas en un "calvario" constante. La portavoz lo describe con precisión clínica: la angustia que genera la incertidumbre del tren afecta al cuerpo y envenena las relaciones personales, haciendo "casi imposible" conciliar la vida laboral y familiar para quien depende de este servicio.
El servicio que "Catalunya se merece"
El reciente episodio de caos ferroviario ha servido para un reconocimiento revelador. "Jamás habríamos pensado que lo que teníamos antes, llegar una hora tarde y trenes que no pasan, sería lo mejor que nos podía pasar", observa Gómez Llauradó con ironía. Ahora, en una fase de reanudación incierta, las plataformas se declaran "expectantes", pero su demanda es clara: más allá de las urgencias, reclaman "calma" para los técnicos y, sobre todo, la decisión política firme de construir "el servicio que Cataluña se merece".
El camino hacia este objetivo pasa, según las plataformas, por un diálogo más completo y efectivo. Han mantenido reuniones con la Generalitat y con Renfe, pero destacan la falta de contacto directo con Adif, gestor de las infraestructuras, una ausencia que consideran significativa. En todo caso, califican la comunicación actual de "buena" y han podido trasladar incidencias concretas, como la grave falta de información en tiempo real en muchas estaciones, un déficit que amplifica la sensación de desprotección del usuario. El 7 de febrero, pues, no será solo una manifestación para reclamar trenes más puntuales. Será una marcha por la dignidad cotidiana y para exigir que el servicio ferroviario, columna vertebral de la conexión social y económica, deje de ser una fuente de angustia para convertirse, finalmente, en una herramienta de oportunidades y progreso compartido.